El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en no ha hecho "ninguna propuesta" de sancionar a los medios por publicar filtraciones de casos judiciales y ese supuesto tampoco está en la agenda del Gobierno. "No soy partidario de que se sancione a los medios de comunicación", ha subrayado. El Gobierno descarta sanciones a medios y dice que las palabras de Catalá fueron "una reflexión personal".
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha vuelto a dar explicaciones sobre la "reflexión" que ayer hizo en Barcelona al respecto, y ha reiterado que se estaba refiriendo a un debate que ahora mismo hay en la Unión Europea, porque se está preparando la directiva sobre presunción de inocencia. Una directiva que, ha recordado, España tendrá que trasponer en sus momento a la normativa nacional.
"No soy partidario de que se sancione a los medios de comunicación, sobre todo si están cumpliendo con su responsabilidad y su obligación, que es la de informar", ha dicho.
Otra cosa es si los medios "están incumpliendo alguna norma" y en ese caso, "como a cualquiera", se les aplica la ley y las sanciones correspondientes. Ha recordado asimismo que la libertad de prensa, como cualquier otro derecho, tiene sus límites, que en este caso figuran en el artículo 20 de la Constitución
Por su parte, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha querido zanjar el debate sobre la posibilidad de sancionar a medios que publiquen sumarios que están bajo secreto recalcando que el Gobierno no tiene "ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación" y ha dicho que él tampoco es partidario de eso y que ni siquiera cree que la Unión Europea se lo exija a sus socios.
Además, ha añadido que cuando habló de la responsabilidad en torno a las filtraciones de sumarios declarados secreto, estaba aludiendo a un debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo.
LA OPOSICIÓN CARGA CONTRA EL MINISTRO CATALÁ
Los grupos parlamentarios de la oposición han criticado este jueves en el Congreso de los Diputados la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de sancionar a los medios de comunicación que publiquen información sobre sumarios secretos y le han acusado de intentar "encubrir a los corruptos" matando al mensajero.
Durante el debate de la totalidad de los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), el ponente del PSOE, Manuel de la Rocha, ha criticado el intento "consciente o inconsciente" del Ejecutivo evidenciado con las declaraciones del titular de Justicia-de limitar el derecho a la libertad de expresión para tapar "algunos de los problemas de corrupción" que tiene su partido.
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha recordado que el PP es el partido "con mayor número de imputados por corrupción" por lo que resulta inquietante que plantee "recortes a la libertad de expresión con multas a los medios".
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, se ha preguntado si el Gobierno prefiere dedicar recursos a sancionar a los medios en lugar de a perseguir casos de corrupción. Ha precisado que su grupo ha registrado tres preguntas parlamentarias destinadas a aclarar las intenciones del Ejecutivo en este punto.
La "reflexión" del ministro también ha sido objeto de las críticas del representante de Izquierda Plural, el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha advertido que "las derrotas no cambian por matar al mensajero", por "mucha mordaza a los ciudadanos y al mensajero".
ASOCIACIONES DE JUECES
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Jueces para la Democracia (JpD) creen que no sería ni razonable ni constitucional que se sancionara a los medios de comunicación que publiquen filtraciones judiciales.
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia aseguró que sería "poco razonable" y "anticonstitucional", ya que, a su juicio, "el deber de confidencialidad a quien afecta es a las partes del proceso y al personal vinculado al órgano judicial, pero no a los medios de comunicación".
"Los medios de comunicación tienen el derecho y el deber de emitir información veraz, con lo cual no tendría sentido alguno que se les sancionara por ejercer su derecho", apuntó.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha dicho que prohibir o no la publicación de filtraciones son "opciones legislativas" que aplican "democracias de nuestro entorno" y que las restricciones sugeridas por el ministro tendrían por objeto "preservar la presunción de inocencia".
Llarena ha agregado que una hipotética prohibición "tendría que regularse con muchísimos matices", pues el derecho a la información es un "valor esencial en democracia" que las sanciones no deberían "restringir a extremos intolerables", si bien ha agregado que "no siempre debe tener preferencia" ante el derecho a la propia imagen. Ha considerado, además, que es "lógico" que los medios aporten información sobre casos judiciales, pero que sería "deseable en algunas ocasiones" que administraran con "responsabilidad" esos datos y que "hicieran ver a la sociedad" que las primeras conclusiones de una determinada investigación no son "definitivas".
Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero coincidió con Bosch en que sancionar a los medios de comunicación que den a conocer informaciones incluidas en sumarios bajo investigación "no es razonable" y es "anticonstitucional". "Ésto no tendría ningún sentido. La libertad de información está por encima del derecho de la privacidad", concluyó.
El sindicato Manos Limpias considera que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiere "coartar la libertad de expresión", en referencia a la posibilidad de sancionar a los medios que publiquen secretos sumariales.
