El Gobierno ha declarado, por primera vez en la historia de la democracia, el estado de alarma tras la situación provocada en los aeropuertos por la actitud de los controladores aéreos, ha anunciado hoy el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para evaluar la situación creada tras el paro masivo e imprevisto de los controladores, Rubalcaba ha dicho que el decreto con esta declaración se publicará en una hora en el BOE y se entregará al Congreso de los Diputados, como la ley establece.
Según Rubalcaba, el efecto "práctico inmediato" ante esta situación es que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados" y, "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal Militar".
El periodo de duración del estado de alarma se ha fijado en quince días, el plazo máximo que marca la normativa, si bien Rubalcaba ha dicho que "el Gobierno espera que no dure tanto".
A la reunión del Consejo de Ministros han acudido, invitados por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado.
Tal y como ha señalado el vicepresidente, el mismo Zapatero ha informado personalmente al líder del PP, Mariano Rajoy, retenido en Lanzarote por el paro de controladores, de las decisiones del Consejo de Ministros, en tanto que el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, hablará con los portavoces parlamentarios.
Los militares que están al frente de las torres de control de los aeropuertos comunicarán personalmente a los controladores "la nueva situación" en la que se encuentran, es decir, sus "obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que podrían incurrir" si no cumplen las primeras.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, ha quedado constituida la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que presidirá Zapatero y que se mantendrá reunida para evaluar la situación en los aeropuertos.
Rubalcaba ha reiterado las disculpas del Ejecutivo a los ciudadanos afectados, y más en las fechas de un puente festivo como el de la Constitución, pero ha dejado claro que el Gobierno "no va a consentir el chantaje de los controladores" a la ciudadanía con el fin de "mantener sus privilegios".
A su juicio, "nadie podía prever" que este colectivo "fuera tan insensato" y adoptara una decisión "no para hacer daño al Gobierno, sino a los ciudadanos".
