El Gobierno presentó este viernes un conjunto de medidas de regeneración política con las que pretende combatir la corrupción y entre las que destacan, especialmente, que las personas jurídicas no puedan hacer donaciones a los partidos y que las entidades financieras no puedan condonarles créditos bancarios. Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que compareció junto a las ministra de Fomento, Ana Pastor, y de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato.
Sáenz de Santamaría explicó que este plan de regeneración democrática implica modificar la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y la Ley del Tribunal de Cuentas para lograr un mayor "control y fiscalización" de las cuentas de los partidos.
Indicó que, en adelante, las personas físicas serán las únicas que puedan hacer donaciones a título personal a los partidos políticos y se prohibirá que lo hagan las personas jurídicas, como las empresas.
Además, se prohibirá que los bancos perdonen créditos a los partidos, como laCaixa hizo con el Partido Socialista de Cataluña cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta reforma por la regeneración democrática también conlleva que los partidos políticos tengan obligación de someter sus finanzas a control del Tribunal de Cuentas y, si no cumplen, tendrán prohibido recibir subvenciones públicas.
La reforma de la Ley de Partidos Políticos asume, a su vez, una solicitud de la UE para que cualquier ciudadano europeo pueda crear un partido político en España, como sucede en otros vecinos comunitarios.
Otra de las novedades es que las personas condenadas por delitos de terrorismo no podrán ocupar altos cargos en la administración pública "mientras no se cancelen los antecedentes penales". Así lo explicó Sáenz de Santamaría, quien indicó que esta condición afectará también a personas inhabilitadas y sancionados por infracciones muy graves en la Ley de Transparencia.
La vicepresidenta del Gobierno añadió que este plan de regeneración democrática pretende "dotar de mayor seguridad jurídica" al crear una Oficina de Intereses que velará por las decisiones de altos cargos y la evolución de su patrimonio.
Asimismo, garantizó que a partir de ahora comenzará un diálogo intenso con los grupos parlamentarios de la oposición para negociar enmiendas y lograr un acuerdo sobre el endurecimiento de penas por delitos de prevaricación, reforzar el delito de cohecho, combatir el tráfico de influencias, aumentar las penas en delitos patrimoniales y evitar la falsedad contable de partidos.
Las reformas incluyen también una revisión del trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas para fiscalizar la financiación de los partidos políticos, que a partir de ahora tendrán que notificar por escrito sus fundaciones afines para que sean estrictamente controladas.
Sáenz de Santamaría indicó que el Gobierno va a pedir un informe expreso sobre el trabajo que realiza este órgano y los medios que necesita para que se puedan aportar ideas y reforzar sus funciones.
No obstante, apuntó que el Tribunal de Cuentas ya está haciendo un gran esfuerzo para intensificar su trabajo y revisar las cuentas de los partidos sin haber obtenido más medios humanos y técnicos.
