El Gobierno ha aprobado "un recargo complementario y temporal" de dos años para las rentas de trabajo y "especialmente" de capital en el IRPF, así como el alza del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la supresión de las bonificaciones al gasóleo profesional, con lo que espera ingresar más de 6.000 millones. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, enmarcándolas en las "decisiones extraordinarias" que el Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar ante "la situación extraordinaria y no prevista". En este sentido, Sáenz de Santamaría, anunciaba hoy que el déficit previsto para el final de año está en el entorno del 8% del PIB, dos puntos porcentuales por encima de lo previsto por el anterior Ejecutivo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha detallado que la principal desviación se producirá en las comunidades autónomas, que tenían comprometido un déficit público del 1,3 % del PIB. También se desviará, aunque sólo en "algunas décimas", el de la Administración General del Estado -comprometido en el 4,8 % del PIB-, así como el de las corporaciones locales, cuyo objetivo era del 0,3 % del PIB.
La Seguridad Social, que tenía previsto un superávit del 0,4 % del PIB, cerrará el año con déficit, lo que deja al sistema público de pensiones en una situación "menos cómoda", según Montoro. Según el ministro de Hacienda, la implicación de las administraciones autonómicas en el objetivo de reducción del déficit "es completa" y se buscará la adopción de medidas conjuntas con los gobiernos autonómicos para "atender las situaciones más frágiles".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desgranado posteriormente las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo, ha asegurado que el impacto recaudatorio supondrá unos ingresos superiores a los 6.000 millones y ha precisado que en un escenario normal podría ser de 6.200 o 6.300 millones.
Montoro ha incidido en que la mitad de la recaudación del IRPF tiene como destino las comunidades autónomas, mientras que la del impuesto de bienes inmuebles la ingresan las corporaciones locales, por lo que ha subrayado que de esta forma se está financiando la administración territorial.
PRIMER RECORTE DE GASTO DE 8.900 MILLONES DE EUROS
Además el Ejecutivo de Rajoy ha aprobado un primer recorte de gasto de 8.900 millones de euros, a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limitará el presupuestos de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que los mayores recortes serán para el Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y Asuntos Exteriores (1.016 millones).
Los entes territoriales verán recortados sus ingresos en 1.040 millones.
Al Ministerio de Educación se le reducirá el presupuesto en 485 millones; a Empleo, 439 millones; a Hacienda, 432 millones; a Sanidad, 409 millones; a Agricultura, 401 millones; a Defensa, 340 millones; a Interior, 163 millones; a Justicia, 48 millones; y a Presidencia, 19,6 millones.
Asimismo, Montoro ha dicho que se producirá otro recorte de 13 millones en gastos de diversos ministerios.
SUBEN UN 1% LAS PENSIONES Y SE PRORROGA LA AYUDA A LOS PARADOS
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soroya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que todas las pensiones subirán en 2012 el 1%, una actualización en función de la previsión del IPC para 2012.
Asimismo el Gobierno ha recuperado la desgravación por compra de vivienda habitual para todas las rentas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011, y mantendrá durante 2012 la reducción al 4% del IVA que grava la compra de vivienda nueva, aunque sólo para el caso de la vivienda habitual y con un precio máximo.
El gobierno prorrogará otros seis meses más la ayuda de 400 euros al mes a los parados. Esos 400 euros los cobran los parados que hayan agotado sus prestaciones, carezcan de rentas y participen en programas de formación.
EL GOBIERNO BAJARÁ UN 20% LAS SUBVENCIONES A PARTIDOS, SINDICATOS Y PATRONAL
El Consejo de Ministros ha acordado reducir en un 20% las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, lo que, en conjunto, supondrá un ahorro de unos 85 millones de euros.
Estas decisiones se incluyen en el decreto ley de medidas económicas, financieras y presupuestarias para la contención del déficit público y otros reales decretos de apoyo aprobados hoy, que contemplan también una reducción de las estructuras administrativas de la Administración del Estado en el segundo escalón, el correspondiente a subsecretarios y direcciones generales, que bajan un 18,9%. Por ejemplo, según ha ilustrado Sáenz de Santamaría, se suprimen 30 direcciones generales.
El Consejo de Ministros ha aprobado además la congelación para 2012 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,40 euros al mes, así como del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) en 532,51 euros al mes. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha indicado que con la congelación se da una "mensaje importante de moderación salarial" para ayudar a la salida de la crisis ante el "difícil contexto económico actual".
En cuanto a la Función Pública, Sáenz de Santamaría ha confirmado que para 2012 se mantiene la congelación salarial de los empleados públicos y personal laboral, se les amplía a los empleados públicos la jornada laboral a 37,5 horas semanales y se fija una tasa de reposición cero, salvo en actividades excepcionales (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, educación, sanidad, inspectores laborales y de lucha contra el fraude) donde sólo se cubrirá el 10 % de las vacantes que se produzcan en la Administración.
Además se ha acordado una moratoria de un año en la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia, en concreto de la dependencia moderada, para "no reducir las prestaciones por dependencia", tal y como hizo el anterior Gobierno. El acuerdo de hoy mantiene las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del sistema. "Se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos", asegura el Ejecutivo.
