El Gobierno tiene previsto aprobar este mes de enero la reforma de la administración local, para lo que está manteniendo contactos con los ayuntamientos y con el PSOE, que todavía ve "muy lejano" un acuerdo global.
Tras el estudio de un documento parcial sobre este proyecto, el Ejecutivo y los socialistas han acercado posturas en puntos como la limitación del sueldo de los alcaldes, pero mantienen discrepancias sobre la eliminación de las mancomunidades y el papel de las diputaciones provinciales.
A pesar de estas diferencias, ambas partes han mostrado su intención de seguir negociando la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que supondrá el mayor cambio en la vida municipal en las últimas décadas.
Aunque estaba previsto que se aprobase a finales de 2012, el Gobierno decidió posponer este proyecto a la espera de conseguir "el máximo consenso" entre partidos, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que han asegurado que el "escenario temporal" para aprobar el texto se ciñe al mes de enero.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, aunque "todavía" no hay acuerdo entre el PP y el PSOE, se está trabajando para alcanzarlo y se están intensificando las reuniones.
Con esta reforma, el Ejecutivo pretende clarificar las competencias municipales, reducir el número de concejales, limitar el sueldo de los alcaldes y ahorrar unos 3.500 millones de euros evitando duplicidades.
El futuro de las mancomunidades -1.032 en toda España- es uno de los puntos que se están debatiendo en estas reuniones y sobre el que aún no se ha llegado a un acuerdo, según el presidente de la FEMP y también alcalde de Santander.
Para De la Serna, de lo que se trata "ahora" es de hacer un análisis de cuál es el funcionamiento "real" de las mancomunidades y estudiar "caso a caso" porque, en su opinión, el estudio hay que hacerlo mancomunidad a mancomunidad.
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha hecho hincapié en que no comparte la idea de terminar con este tipo de entidades locales "sin antes hacer una evaluación de su funcionamiento", ya que ha defendido que se mantengan "las que tengan un funcionamiento positivo y sirvan para prestar servicios de calidad a los ayuntamientos".
La dirección del PSOE andaluz ha ido más allá y ha alertado de que no "consentirá" que se supriman esas entidades ni que se "expropien competencias en función del tamaño de los municipios".
El PSOE, no obstante, ha mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo sobre esta futura ley y ha recordado que existen coincidencias en algunos puntos como la limitación del sueldo de los alcaldes, que estará en principio en función de la población y no podrá superar el de un secretario de Estado (67.055 euros al año).
La Xunta de Galicia se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha avanzado que, de no limitarse finalmente la nómina a nivel estatal, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo lo plantearía a nivel autonómico.
Otro de los puntos en los que se trabaja es la reducción del número de concejales, que el Gobierno quiere rebajar en torno al 30 % y que para el PSOE puede suponer una disminución de la pluralidad en las corporaciones locales.
Aunque las negociaciones están protagonizadas por el Gobierno y el PSOE, el Ministerio de Hacienda asegura que su objetivo es cerrar un texto que sume al mayor número de partidos, algo que también ha reclamado Zarrías porque, ha dicho, "todos tienen responsabilidades locales".
