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El Gobierno ha asegurado hoy que ha adoptado las acciones oportunas ajustadas a derecho sobre Volkswagen, por el fraude realizado sobre sus automóviles, y ha señalado que seguirá colaborando con la Comisión Europea y los estados miembros de manera transparente para buscar soluciones.

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad han respondido así ante el procedimiento de sanción iniciado por la UE contra siete países, entre ellos España, por no multar a Volkswagen tras descubrirse que truncaba los motores de sus automóviles para superar las pruebas de emisiones en el laboratorio.

Según han recordado las fuentes, el Gobierno abrió un expediente sancionador a la empresa Seat, filial de Volkswagen, aplicando la normativa más estricta que permite la actual legislación.

Además, han añadido que en España se está instruyendo causa penal sobre los hechos en los tribunales de justicia, lo que conlleva necesariamente la paralización del procedimiento administrativo.

Así, el pasado 30 de septiembre la tramitación de este expediente administrativo se suspendió hasta que haya una resolución judicial firme que ponga fin a las diligencias previas, de las seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 2 o al correspondiente procedimiento en que puedan transformarse.

Las mismas fuentes han subrayado que España ha sido uno de los pocos países que prohibió la matriculación de los vehículos afectados y aún sin matricular, medida que afectó a 2.000 autos.

El Gobierno ha asegurado que ha respondido a todos los requerimientos que hasta el momento ha solicitado la Comisión Europea y que ha remitido toda la información demandada a Bruselas, al tiempo que ha colaborado activamente con los grupos de trabajo que han tratado este asunto.

Aunque son las autoridades nacionales de los Estados miembros las que deben castigar a los constructores que violen la legislación europea, la Comisión Europea sospecha que siete de los Estados miembros no fueron todo lo estrictos que cabría esperar con Volkswagen.

Además de España, la CE ha iniciado el procedimiento de sanción contra Alemania, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa.