El Gobierno Vasco ha planteado este miércoles una serie de medidas de recorte de gastos en el personal de la Administración autonómica con las que quiere ahorrar más de 100 millones de euros en 2012. Entre otras medidas, la propuesta de contención del gasto se basa en la supresión de todas las primas por jubilación voluntaria, la suspensión del contrato relevo que podría afectar a 365 personas y la eliminación de la opción a prórroga en el trabajo al cumplir los 65 años. Tambien propone suprimir los complementos por incapacidad transitoria, luchas contra el absentismo y la suspensión de las sustituciones para cubrir vacantes.
El Gobierno de Vitoria ha hecho este planteamiento en el transcurso de la primera reunión de la Mesa General de negociación de la Administración general. Unas propuestas que han sido rechazadas por todos los agentes sociales. La siguiente cita está prevista para el próximo 2 de diciembre.
El Gobierno Vasco quiere que no se cubran los puestos de trabajo que queden vacantes por jubilación, aunque reconoce que no todas las plazas podrán amortizarse y propone la suspensión de las sustituciones para cubrir vacantes, salvo en determinados puestos.
También propone limar la posibilidad de acceder y de convocar nuevos desarrollos de carrera durante el próximo año en los departamentos de Interior, Justicia, Educación y en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud).
Asimismo pretende continuar con la lucha contra el absentismo, que ha pasado del 6,1 % en 2008 al 5,5 % este año, el freno a la interinidad con la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo y reducir la externalización de servicios, de forma que se utilicen preferentemente los medios propios, son otros de los ejes propuestos por el Gobierno Vasco en la Mesa.
LOS SINDICATOS RECHAZAN FONTALMENTE LAS PROPUESTAS
Estas medidas han sido rechazadas frontalmente por los sindicatos, que han llegado a cifrar en un 12 por ciento la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios a finales del próximo año. Varios sindicatos han coincidido en reclamar una nueva política fiscal que recaude más y que posibilite el mantenimiento y mejora de los servicios y el empleo públicos.
ELA ha descalificado la propuesta porque exige a los agentes sociales y a los trabajadores del sector público "responsabilidad para que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis".
LAB también ha criticado la propuesta que, a su juicio, "no deja ningún margen a la negociación", por lo que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012.
CCOO también ha mostrado su rechazo explícito al planteamiento del Gobierno porque supone pérdida de derechos y recortes que recaen "sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores".
UGT ha rechazado igualmente la propuesta y ha advertido de que, de llevarse a cabo, situaría a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida del poder adquisitivo del 12 por ciento.
A juicio de UGT, el planteamiento del Gobierno Vasco perjudica la creación de empleo y repercute negativamente en los servicios públicos, y concluye avisando de que si lo mantiene, generará conflictividad laboral.
