El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homonegeización" del sueldo de los alcades y ediles, pero no ha detallado un calendario concreto. Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo".
Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".
Según ha precisado, se ha acordado "realizar una propuesta conjunta" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales. En materia de sueldos, ha indicado que se trata de "homogeneizar los sueldos de los alcaldes en el conjunto del país" y ha señalado que será la FEMP la que haga la propuesta inicial.
El presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y ha dicho que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.
También ha anunciadoque la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.
"Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.
Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".
"AVANZA DE MANERA DECIDIDA"
"No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".
En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica". "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.
"Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".
CLARIFICACION DE COMPETENCIAS
Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.
"Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.
Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.
En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.
