El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica el decreto de nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de la consulta soberanista para el 9N. El nombramiento de los componentes de estas comisiones se hace "de conformidad con el acuerdo tomado por la Comisión de Control de las Consultas Populares o Refrendarias de la sesión del 5 de octubre de 2014".
Firmado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el decreto nombra a 35 personas para formar parte de estas comisiones, 5 por cada una de las siete demarcaciones en las que divide el territorio (Alto Pirineo y Arán, Barcelona, Cataluña central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona y Tierras del Ebro).
La Abogacía del Estado pidió ayer al Tribunal Constitucional, en nombre del Gobierno, que anule la Comisión de Control de la consulta, el equivalente a una junta electoral, al considerar que su nombramiento incumple la decisión de suspender de forma provisional el proceso, acordada hace una semana por el mismo tribunal.
La iniciativa del Gobierno se plantea como un incidente de ejecución por el incumplimiento de la suspensión de la Ley de Consultas catalana declarada por el Constitucional en una de las dos providencias dictadas el pasado lunes día 29.
Sobre este proceso que se está viviendo en Cataluña, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer que la Fiscalía actuará de oficio "sin ningún género de dudas" y "respecto de cualquier persona" que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal.
En cumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno, el Abogado del Estado impugnó ante el Constitucional el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de control de consultas catalana, firmado el pasado 2 de octubre por Artur Mas.
El catedrático de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué, uno de los miembros de esta comisión de control, anunció que ya ha abandonado dicho cargo porque, a su parecer, el referendo "no ofrece garantías democráticas".
