El segundo borrador de la Ley Fundacional de Transitoriedad ("Ley de ruptura") para Cataluña prevé que si el resultado del referéndum del 1 de octubre fuese favorable a la independencia, la Generalitat activaría una fase "de base ciudadana, transversal, participativa y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República".
El diario El País recoge en su edición de este lunes este segundo borrador. Tanto el Gobierno, como los partidos políticos han criticado dicho borrador y avisan de que está abocada al fracaso. En el Gobierno de la Generalitat ya hay voces que dudan si será posibe o no hacer el referéndum.
LA HOJA DE RUTA DE PUIGDEMONT
La ley de ruptura prevé que tras la creación de esa base ciudadana el proceso se acometería en tres fases sucesivas: la primera de proceso participativo, la segunda de elecciones constituyentes y de elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea constituyente, y la tercera, de ratificación de la Constitución.
Los ponentes de la norma independentista señalan, según el borrador, que el actual Parlamento catalán debería amparar esas diferentes fases participativas para que tuvieran lugar esas deliberaciones por sectores y territorios en los siguientes seis meses tras conocerse el resultado de la consulta del 1-O.
Terminado ese proceso asambleario, el proclamado nuevo presidente de la República de Cataluña disolvería ese Parlamento y convocaría unas elecciones para elegir, por "el régimen electoral ordinario", una Asamblea constituyente con el mismo número de miembros (135) que el actual Parlamento catalán.
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ACTUARIA SIN NINGÚN CONTROL
La norma especifica que ninguna de las decisiones de la Asamblea constituyente serían susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal.
Una vez que la Asamblea constituyente aprobase la propuesta de una nueva Constitución catalana se debería de someter a ratificación a través de un nuevo referéndum y si contase con la aprobación de la población catalana la Asamblea se disolvería para proceder a unas elecciones "para la conformación del nuevo sistema institucional establecido por la Constitución (catalana)".
BAIGET VERIA IRRESPONSABLE TIRAR ADELANTE SIN PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS
Ante las crítica, este lunes el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha explicado sobre la ley del referéndum que "de legalidad solo hay una" que es la que asiste al Govern en lo que hace y que es la que se deriva del principio democrático y del derecho internacional.
Pero ante esta aseveración, ya se oyen otras voces críticas ante la hoja de ruta planteada. Una de ellas, es la del conseller de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, quien ha señaladado que "sería un irresponsable" al tirar adelante un proyecto de referéndum sobre la independencia sin pensar en las consecuencias.
Lo ha dicho a los medios este lunes al preguntársele por sus declaraciones a 'El Punt Avui' en que dice que podría aguantar ir a prisión por organizar el referéndum, pero no si van contra el patrimonio, porque sus decisiones pueden afectar a su familia.
Baiget ha mostrado su compromiso con el 1-O pero ha alertado de que no pueden obviar que puede haber otras reacciones del Estado que intentarán evitar que se celebre, ante lo que ha dicho que habría que buscar "otras alternativas" para que los catalanes puedan expresarse.
Por su parte, el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha afirmado este lunes que dimitiría de su cargo si la CUP controlara las decisiones del Ejecutivo: "Lo que me haría, en un momento dado, abandonar el Gobierno catalán sería ver que estemos al dictado de la CUP".
Vila ha rehusado valorar un posible paso atrás "desde el punto de vista de parámetros económicos, patrimoniales o de riesgo", pero sí lo ha valorado el punto de vista político: si la acción del Govern se viera condicionada por la CUP o por extremismos populistas, ha subrayado durante su conferencia, titulada precisamente 'Política en tiempos de populismos'.
Vila se considera "a la intemperie" por ser partidario de una tercera vía que pasa por pactar el referéndum con el Estado, aunque no percibe ninguna voluntad de dialogar por parte del Gobierno.
EL GOBIERNO DICE QUE LA "FÓRMULA" DE LA 'LEY DE RUPTURA' "SE HACE EN OTRAS LATITUDES" LEJOS DE EUROPA
Por su parte, la respuesta del Gobierno ha sido contundente. El ejecutivo criticó "la fórmula" que la Generalitat de Cataluña propone en el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como 'ley de ruptura', de activar un proceso participativo para aprobar la hipotética Constitución de la República catalana, al considerar que "nos aleja de Europa". Es un mecanismo "que se hace otras latitudes", dijo su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.
En primer lugar, Méndez de Vigo expresó su "sorpresa" por el hecho de que la denominada 'ley de ruptura' que se pretende aprobar "después de un referéndum que no se va a celebrar" se haya hecho "sin luz ni taquígrafos". "Eso al final no lo conocía nada y estaba metido en un cajón. No nos parece que sean los modos", manifestó.
EL PSOE VE UN "ACTO MÁS DE PROPAGANDA POLÍTICA" EL BORRADOR DE LA LEY CATALANA DE RUPTURA
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, restó importancia este lunes al borrador de la llamada ley de desconexión Cataluña y dijo que es un "acto más de propaganda política" y una parte más de "un bucle absurdo".
Ábalos dijo que es "poco delirante" el borrador de la llamada Ley de Transitoriedad de Cataluña que han publicado varios medios de comunicación y que denota un propósito "cada vez más electoral y partidista" por parte de los promotores.
PODEMOS RECHAZA LA LEY DE RUPTURA
Asimismo, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha rechazado también dicha ley y dice que se enmarca dentro de la hoja de ruta "unilateral" del presidente catalán, Carles Puigdemont. Ellos, dijo, defienden una consulta pactada y con garantías.
En esta línea, ha respaldado la actitud de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha anunciado que no pondrá en peligro a sus funcionarios en lo que tiene que ver con la celebración del referéndum que quiere celebrar el Govern.
