El juez Baltasar Garzón ha negado ante el Tribunal Supremo que fueran razones políticas las que le movieran a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y ha asegurado que hizo lo que creía que tenía que hacer, por encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas. "Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección", ha dicho.
De esta forma contestaba Garzón a su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, después de que el Supremo haya rechazado declarar la nulidad de la causa como solicitaron la defensa y la Fiscalía y haya reanudado el juicio al magistrado, que un día más ha contado con el apoyo y aplauso de decenas de sus partidarios concentrados a las puertas del alto tribunal.
NO CONTESTA A MANOS LIMPIAS
Garzón, que se ha negado a contestar las preguntas de la acusación popular de Manos Limpias por considerar que no está legitimada, ha insistido en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esa norma se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados pudieran tener naturaleza política. "Son hechos delictivos", y no políticos, en un contexto del crímenes contra la humanidad, ha asegurado.
En este sentido, ha recordado que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un "plan preconcebido" y "sistemático" de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de crímenes contra la humanidad.
Se trataba, según Garzón ha dicho a su abogado, de hechos parangonables a los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa. "Absolutamente, así es", ha afirmado el juez comparando la mecánica utilizada con la de los regímenes nazis y recordando que también otros jueces de la Audiencia Nacional, como Ismael Moreno, investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.
UN DELITO CONTRA LA CONSTITUCIÓN
Garzón ha insistido en que se declaró competente para investigar dichos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación, aplicando la ley, los convenios internacionales y la doctrina que el propio Supremo estableció al condenar al exmilitar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.
Además, considera que no existía prescripción de los delitos puesto que se trataba de desapariciones y ejecuciones permanentes cuyos efectos son también permanentes mientras no aparezca la víctima. El magistrado ha negado que sus decisiones entraran en colisión con la Ley de Memoria Histórica y ha asegurado que "verdad, justicia y reparación" es lo que él desea para las víctimas que no han sido resarcidas.
Respecto al auto de octubre de 2008 en el que se declaró competente para investigar los hechos y pidió, entre otras pruebas, el certificado de defunción de Franco, ha destacado que era un trámite normal y necesario para determinar la exención de responsabilidad penal más allá de la "chanza o gracia" que pueda provocar. En respuesta al fiscal Luis Navajas, que pide también su absolución, Garzón ha señalado que siempre ha procurado respetar las normas legales y procesales, que "para nada" intentó hacer una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible en derecho y que actuó de acuerdo con la leyes de la "buena fe".
El juez de la Audiencia Nacional ha recordado que tres de sus compañeros en ese tribunal respaldaron su competencia para investigar los hechos, al igual que dos juzgados de Granada y San Lorenzo del Escorial que le devolvieron la causa. El juicio, en el que Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación, continuará mañana con la declaración de tres testigos propuestos por la defensa, que representan a varias asociaciones de Memoria Histórica.
Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Baltasar Garzón escucharán este miércoles a los primeros testigos de la defensa, después de haber decidido seguir adelante con el juicio pese a que admiten "excesos" en la instrucción de la causa.
Así se afirma en el acuerdo aprobado por la mayoría de la sala, que ha rechazado la petición de la defensa y de la Fiscalía de anular la causa abierta a Garzón por prevaricación a raíz de la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que piden 20 años de inhabilitación.
El acuerdo de la sala indica que "sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados cometidos en la instrucción", los efectos que se han producido no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones.
De esta forma, y con el desacuerdo de alguno de los magistrados que conforman el tribunal y que ha impedido la unanimidad, el tribunal se refiere a la petición del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y del fiscal Luis Navajas, que solicitaron la nulidad de la causa por la falta de imparcialidad del instructor Luciano Varela.
En concreto, se referían al hecho de que este magistrado orientara y llegara a corregir los defectos del escrito de acusación de Manos Limpias, que a juicio del Supremo es "suficiente" para imputar a Garzón por el delito de prevaricación.
Igualmente, el acuerdo del tribunal considera que los hechos juzgados pueden entenderse como de "naturaleza pública" y que, por tanto, puede aplicarse a esta causa la llamada "doctrina Atutxa" del Supremo, que establece la legitimidad de la acción popular para acusar en solitario cuando el asunto tenga un interés general.
Así discrepa de la defensa y el fiscal que defienden la falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar a Garzón, ya que no son los perjudicados directos por el delito que denuncian y el Ministerio Público solicita la absolución y el archivo de la causa.
Este miércoles declararán María Martín López, Pino Sosa y Ángel Rodríguez Gallardo, de las asociaciones Sierra de Gredos, Araucas y Ponteareas, respectivamente, que fueron algunos de los que presentaron denuncias ante Garzón por las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
A estos testimonios le seguirán el jueves los de los representantes de las asociaciones de Memoria Histórica de Aragón y Mallorca, Josefina Musulen Giménez y Antonio Oliver París.
