El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio, que se reducen en un 4,2 por ciento frente a los del año en curso hasta alcanzar los 1.507 millones de euros. Ha afirmado que la austeridad exigida por la crisis es compatible con su compromiso con la Administración de Justicia. Tras agradecer la presencia de los diputados pese a la convocatoria de huelga general, el ministro ha explicado que la reducción presupuestaria en el capítulo de Justicia es del 4,2 por ciento, es decir, de menos de la mitad del porcentaje sufrido por el conjunto de las cuentas públicas.
El ministro reconoce que la Justicia se encuentra "retrasada" respecto a otros servicios públicos, si bien su objetivo es mantener la prestación de la misma cartera de servicios que hasta ahora llevan disfrutando los ciudadanos y reactivar el crecimiento económico, para lo que es preciso mejorar la seguridad jurídica.
Ruiz-Gallardón reconoce que el modelo actual de justicia "es obsoleto y no da más de sí por mucho dinero que se le destine", y de ahí su interés en avanzar en un cambio estructural mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley de demarcación y planta.
"El presupuesto responde a las medidas de austeridad, es cierto, pero más importante que eso es que las modificaciones pretenden profesionalizar la justicia, reducir las situaciones de interinidad para mejorar la eficacia del sistema", ha añadido.
Así, el ministro ha concluido que los presupuestos para el próximo año "se concentran en lo esencial", que pasan por mantener la administración de justicia y hacer de nuestro país "un buen destino por su seguridad jurídica", ha insistido.
"HAY ALTERNATIVAS", SEGUN UPyD
Sus explicaciones no han convencido a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, cuyo grupo ha presentado enmienda a la totalidad y 21 enmiendas parciales a los presupuestos de Justicia. "Creemos que hay alternativa y no es cierto que la realidad económica no nos permite hacer lo que queramos", ha indicado Díez, para añadir que las prioridades señaladas por el titular de Justicia son imposibles de alcanzar con el presupuesto presentado. Plantean reasignar partidas para mejorar las dotaciones en justicia gratuita y juzgados de familia y menores.
También ha defendido sus enmiendas el diputado de CIU Pere Macías, que ha señalado que Cataluña tiene las tasas de congestión en los tribunales más elevada de España.
PREOCUPACION POR LAS TASAS
Macías ha manifestado su preocupación por la magnitud de las tasas judiciales en relación con las clases medias, que puede tener como consecuencia que éstas acaben por no ejercer sus derechos constitucionalmente protegidos. También ha señalado que "sería bueno arbitrar mecanismos de que no haya doble imposición" por las tasas ya existentes en Cataluña para acceder a determinados recursos.
La intervención más crítica ha sido la del portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarubia durante la defensa de una enmienda a la totalidad y un bloque de enmiendas parciales.
"NO HAY NI PARA PIPAS O CHUCHES"
Villarubia ha recalcado que el gasto para personal supone el 82 por ciento del presupuesto total previsto para Justicia, por lo que únicamente quedan 264 millones para las políticas de este departamento, lo que no da "ni para pipas o chuches que diría don Mariano", ha dicho, en alusión al presidente del Gobierno.
El diputado socialista ha subrayado que los presupuestos suponen un "frenazo" a los planes de modernización, que ellos solicitan se dote con 200 millones de euros frente a la reducción del 57 por ciento planteada por el Ejecutivo.
Igualmente, ha criticado que el PP avance "en la aprobación a toda velocidad" en la ley de tasas, que se discute esta tarde en el Senado en trámite de urgencia, que supone la implantación de "una justicia para ricos y otra para pobres, que no podrán acceder a los tribunales para defender sus derechos".
Ha propuesto también que se eleven de 50 a 150 la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales. "Este presupuesto supone un frenazo más a la justicia en España y es un ataque sin precedentes a lo público y a los derechos de los ciudadano", ha insistido Villarubia, tras criticar la reforma del Código Penal que se llevará mañana a las cortes como la consagración de la "impunidad de los delincuentes de cuello blanco y la criminalización de los trabajadores desempleados y pensionistas". A su juicio, estas medidas "son inconstitucionales, injustas e inmorales, como están diciendo todos los operadores jurídicos", por lo que Ruiz-Gallardón debería "rectificar".
Finalmente, el diputado del PP José Miguel Castillo ha defendido los presupuestos por "realistas y responsables" y ha recordado que el Gobierno ha decidido priorizar la Administración de Justicia, mientras que las críticas "no proponen a ninguna alternativa razonable".
El equipo de Ruiz-Gallardón destina 1,542 millones de euros a políticas de Justicia, lo que arroja una reducción del 4,3% respecto al ejercicio en curso en el que se presupuestaron 1.612 millones de euros.
La dotación más amplia, como es habitual, corresponde a gastos de personal, que asciende a 1.259,66 millones de euros. Esta partida ascendió a 1.302 millones en el presente año. Reduce un 2,8 por ciento. Desciende por reducción de personal sustituto, aunque mantienen las retribuciones.
También se evidencia un descenso en la asignación del programa de inversiones, que baja de 90,31 millones de euros ejecutados en 2012 hasta 77,06 millones para el próximo ejercicio.
La partida dirigida a la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales sufre un pequeño recorte, al pasar de 53,57 millones a 52 millones de euros para 2012.
En el capítulo de gasto social, se destacan los 34,15 millones de euros dirigidos a facilitar el acceso al beneficio de la Justicia Gratuita. El año pasado se destinaron 34,71 millones de euros para permitir que los ciudadanos que acrediten una insuficiencia de medios económicos puedan proveerse de profesionales que defiendan sus derechos e intereses legítimos en los juzgados.
Además, una partida de 1,18 millones de euros sufragará la asistencia jurídica y psicológica de las víctimas de delitos violentos y contra la libertad. Sube aquí un 5,2 por ciento.
