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La justicia francesa sentenció a los dirigentes etarras Ainhoa Ozaeta e Igor Suberviola a 20 y 16 años de cárcel en tanto que miembros del comité ejecutivo cuando fueron detenidos en Burdeos junto a otro de los que se consideraba máximo responsable de la banda, Francisco Javier López Peña, "Thierry".

El Tribunal de lo Criminal de París también condenó a 12 años de prisión al antiguo diputado autonómico vasco de la esfera de Batasuna Jon Salaberría, que fue arrestado con los tres anteriores el 20 de mayo de 2008 en el piso franco que ocupaban.

Ozaeta Mendicute, "Kuraia" (39 años), Suberviola Zumalde, "Kartxi" (35 años), y Salaberría Sansinenea (44 años) no sólo tendrán que cumplir de forma efectiva entre rejas al menos dos tercios de sus respectivas condenas, sino que a eso se añadirán las penas que se habían dictado contra ellos en Francia.

Eso significará dos años suplementarios para "Kuraia", a la que el tribunal consideró culpable de los diez cargos por los que estaba inculpada, lo que incluye además del de dirigente terrorista el de extorsión y tentativa de extorsión de fondos en tanto que máxima responsable de la estructura "Gezi" encargada del cobro del llamado "impuesto revolucionario".

Supondrá un añadido de 27 meses para "Kartxi", sentenciado en tanto que responsable del aparato político, del que tomó las riendas después de la caída en octubre de 2004 en Salies de Béarn (suroeste de Francia) del histórico Mikel Albisu, "Mikel Antza", junto a su pareja, María Soledad Iparraguirre, "Baltza".

De hecho, de acuerdo con la acusación, "Baltza" fue reemplazada en sus funciones por Ozaeta, a la que ella misma había preparado, y se hizo cargo del denominado "departamento de servicios", una estructura transversal que reunía no sólo "Gezi" y las finanzas de ETA, sino también la recopilación de información con vistas a la organización de atentados o la gestión de los activistas detenidos.

Entre las pruebas requisadas en Burdeos estaban diversos textos de la crisis interna de 2007 y comienzos de 2008 en la cúpula de ETA entre los que ocupaban ese piso y los jefes de los aparatos logístico, Mikel Carrera Sarobe, "Ata", y militar, Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", que quisieron sacar a los primeros del comité ejecutivo, "zuba".

Los investigadores, sin embargo, consideran que esa destitución no se hizo efectiva y que los tres continuaban en el órgano supremo de decisión de la organización terrorista cuando fueron arrestados.

LUCHAS DE PODER

Y el fiscal, Jean-François Ricard, hizo hincapié en que las fricciones entre los dos bandos fueron más bien luchas de poder y no divergencias en la estrategia sobre el fin de las negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -entre 2005 y 2007-, ni por la reanudación de los atentados, empezando con el del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006.

Ricard dijo que ese periodo de conversaciones fue en realidad una "pseudo-tregua", puesto que los documentos financieros aprehendidos en el piso de Burdeos muestran que ETA "se preparaba para acciones terroristas de gran amplitud" y por eso mismo cometió varios robos para conseguir material.

De forma que en 2007 y 2008, cuando los de Burdeos seguían a las riendas de la organización, ETA vivió una "radicalización".

Esta deriva duró hasta el verano de 2009 cuando se producen los últimos atentados, algo que, de acuerdo con el antiterrorismo francés no es resultado tanto de una reflexión interna de la banda, sino consecuencia del debilitamiento que había sufrido por la sucesión de operaciones policiales en Francia y en España que la descabezaron sucesivamente.

Como prueba de esa voluntad ambivalente de ETA, uno de los policías de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), el comandante Laurent Hury, reveló que en marzo pasado se incautó en la celda de un preso etarra de la cárcel de Fleury Merogis un documento del comité ejecutivo fechado en diciembre de 2013 en el que se pone en evidencia que la organización no tiene intención de disolverse.

Eso pese a los anuncios que ETA ha hecho en los últimos tiempos sobre el carácter irreversible de su abandono de la violencia y su compromiso de entrega de las armas.

Anuncios que en particular Suberviola en varios momentos del proceso ha insistido en señalar que no tienen marcha atrás, y que ellos personalmente se adhieren a esa posición, además de asumir su "responsabilidad" por la actividad armada de ETA y hacer "un reconocimiento sincero de todo el sufrimiento y todo el dolor causado por el conflicto, que debe ser reparado".

No obstante, hay que ver lo que entienden por reparación de ese daño, puesto que minutos antes su compañero Salaberría había criticado como "incalificable" que los responsables franceses de la lucha antiterrorista "sigan pensando que en la próxima década tienen que continuar existiendo" presos de ETA entre rejas.