La juez Mercedes Alaya ha levantado el secreto de sumario de la Operación Madeja, cuyo eje asegura que es la empresa Fitonovo, con sede en Sevilla y a la que define como una "organización criminal" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.
En uno de los autos contenidos en los 21 tomos del sumario, la juez de Instrucción 6 de Sevilla precisa que el dueño de la empresa, Rafael González Palomo, su hijo, un adjunto a la dirección y el comercial Juan Andrés Bruguera, el único que queda preso en esta causa, formaban "la dirección de una organización criminal".
Para contratar con las administraciones de todo el país, actividad que comenzó en 1995, "acudían habitualmente a prácticas de corrupción", dando comisiones ilegales o regalos para lograr las adjudicaciones, haciendo menos trabajos de los facturados o acudiendo a "prácticas de corrupción del propio mercado".
Los regalos eran muy variables, desde el más bajo, una noche de hotel por 81 euros, hasta comisiones periódicas que sumaron un millón de euros, pasando por material informático, móviles, caviar, viajes o incluso un equipo de lavado a presión, obras en viviendas particulares o la limpieza de un piso por 220 euros.
Las administraciones en las que extendió su actividad Fitonovo incluye al Ayuntamiento de Sevilla, donde supuestamente entregó "mordidas", cuando gobernaban en coalición, al PSOE e IU -dos de cuyos últimos portavoces han dimitido- y a un ex director general puesto por el PP, que fue cesado en el 2013 cuando se descubrió su implicación.
Otros políticos afectados por la red criminal fueron dos exalcaldes de Algeciras (Cádiz), ambos del PSOE, y el regidor y un concejal de La Carolina (Jaén), del PP.
