Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach han solicitado prisión provisional sin fianza para la expresidenta del Parlamento y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, por riesgo de fuga y ante la posibilidad que eluda hacer frente a las responsabilidades civiles que pesan sobre ella en el marco del caso Can Domenge, por el que ha sido condenada a seis años de prisión, que se suman a los cinco y medio que le fueron impuestos en el conocido caso Maquillaje, mientras que también está imputada en otras tantas causas de supuesta corrupción.
El Ministerio Público ha cursado esta solicitud durante una vistilla celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, cuyo tribunal ha citado a Munar y al resto de partes a las 15.00 horas para comunicarles la decisión adoptada en torno a la petición de la Fiscalía. En la vista han estado presentes tanto la exdirigente de UM como su letrado, los fiscales y el abogado de la acusación particular ejercida por el Consell, Miquel Coca.
RIESGO DE FUGA
En su intervención, los fiscales han apuntado al riesgo de que la acusada pueda sustraerse de la justicia ante la posibilidad de que cuente con fondos en el extranjero que le permitan huir, teniendo en cuenta las elevadas penas que pesan sobre ella y los numerosos casos en los que está siendo investigada. No obstante, en su turno de palabra, Munar ha negado disponer de este dinero y ha alegado que tiene todo embargado, por lo que ha asegurado no tener intención de fugarse. Asimismo, ha alegado motivos de salud ante el tribunal.
En concreto, la acusación pública, además de referirse a las condenas de los casos Can Domenge y Maquillaje, ha alegado que Munar podría enfrentarse a una futura condena de entre dos y seis años de prisión por el delito de cohecho que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, que indaga el presunto soborno de cuatro millones de euros que habría sido abonado por la promotora Sacresa a exaltos cargos del Consell, entre ellos su expresidenta, a cambio de serle adjudicados los solares de Can Domenge.
Asimismo, también han aludido en su intervención a la causa centrada en la contratación supuestamente irregular, por parte del Consorcio de Informática Local de Mallorca (CILMA), dependiente del Consell, de empleados 'fantasma' que en realidad habrían efectuado labores en favor de UM. Un procedimiento cuya instrucción está finalizada, en el que Munar está también imputada y que está pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación como paso previo a la apertura de juicio oral.
Por otro lado, los fiscales ha apuntado a la admisión de la querella por presunta asociación ilícita dentro de UM y en la que también figura el nombre de Munar, cuya imputación ha sido solicitada, de forma paralela, en el marco del caso Son Oms por el presunto cobro de comisiones a cambio de favorecer la recalificación del solar palmesano.
Finalmente, Carrau y Horrach han subrayado cómo la exalto cargo continúa imputada en la causa matriz de Maquillaje, centrada en un presunto desvío millonario de fondos desde el Consell a productoras afines a UM y en el marco del cual le fue impuesta a Munar una fianza de 350.000 euros, cuyo pago le permitió en su día eludir el ingreso en prisión de forma preventiva. También se la investiga por presuntos delitos de malversación, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en una de las piezas separadas del caso Maquillaje.
En concreto, este martes Munar conoció la sentencia por la que la Sección Segunda le ha condenado a tres años de cárcel por un delito de fraude a la Administración y a otros tres por revelación de secretos a raíz de la venta presuntamente irregular de los solares de Can Domenge a Sacresa, por treinta millones de euros, cantidad inferior a su precio real. La pena se suma a la de cinco años y medio que le fue impuesta por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba mediante testaferros, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, mientras ambos ostentaban cargos en la Institución supramunicipal.
La condena es la misma que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido con el Nadal, quien también ha sido condenado en esta causa, si bien en su caso a cuatro años de prisión (dos por fraude a la administración y otros dos por revelación de secretos). Junto a ellos, el exconsejero de Territorio Bartomeu Vicens ha sido condenado, tal como solicitaba la Fiscalía, a ocho meses de prisión; el máximo accionista de la empresa adjudicataria de los terrenos, Román Sanahúja, a un año de cárcel; el exconsejero de Hacienda Miquel Angel Flaquer a un año y al letrado externo de Sacresa, Santiago Fiol, a un año y medio de privación de libertad.
