La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve para cada una de las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). En su escrito de calificación, presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las exconselleras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias.
En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso. Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel. En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.
En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N" que ya estaban en marcha.
MAS: EL GOBIERNO QUIERE CONVERTIR EL 9N EN UN "GRAN AQUELARRE JUDICIAL"
El expresidente catalán Artur Mas ha acusado al Gobierno de haber "presionado" a los fiscales en una "cadena de despropósitos" para convertir la "fiesta democrática" del 9N en un "gran aquelarre judicial", pero ha dicho que es un "honor" ser procesado por "poner la cara" para la consulta. Mas ha comparecido en rueda de prensa junto con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau para comentar la calificación de la Fiscalía, que pide diez años de inhabilitación para el expresidente y otros nueve para cada una de las exconselleras por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional.
El expresidente ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diga hoy "quién ha cumplido y quién no la ley", sin tener en cuenta, a su juicio, la separación de poderes. "Esto lo podría haber dicho un ministro de Franco", ha remachado.
"Parece ficción pero no lo es, en el Estado español del siglo XXI pasa", ha añadido Mas, que ha denunciado que "esto de la democracia y de la separación de poderes les produce auténtica urticaria".
El presidente del PDECat -antiguamente CDC- ha aseverado que es un "honor" ser juzgado junto con Ortega y Rigau si es por "haber escuchado a la gente, por haber traducido en hechos políticos lo que la gente ha pedido en la calle de forma civilizada y en las urnas contundentemente" y por haber permitido a los ciudadanos "expresar su opinión y decidir su futuro". "Ser juzgado por esto es un honor", ha remachado Mas, que ha avanzado que, si se encontrara en la mismas circunstancias, volvería a obrar de la misma manera, pues -ha subrayado- "en ningún momento cometimos un delito".
Para Mas, es el Gobierno del PP quien, al "presionar" a los fiscales, convirtió la "fiesta democrática" del 9 de noviembre de 2014 en el "gran aquelarre judicial" que es hoy en día, ha dicho. Ha dicho estar "tranquilo" porque tiene "mil argumentos" para la defensa -"No somos delincuentes, somos demócratas", ha recalcado- y además confía que la "justicia hará honor a su nombre" durante el proceso judicial.
El líder del PDC ha asegurado que si le condenan defenderá "donde sea" el proceso participativo del 9N. "No pararé porque es una auténtica salvajada lo que están haciendo", ha añadido.
