La Fiscalía de Barcelona ha aceptado la denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución y ha abierto una investigación a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, han explicado fuentes de la Fiscalía.
Abogados Catalanes por la Constitución le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias, y se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
La denuncia también recae en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades.
En una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, Ada Colau ha recordado que las subvenciones municipales a la PAH y al Observatorio Desc vienen del mandato del exalcalde de CiU Xavier Trias y que el Gobierno de BComú y PSC se limitó a renovar "un convenio que ya existía".
Además de las subvenciones a la PAH y al Observatori Desc, la asociación ha denunciado a la Fiscalía presuntas irregularidades en las concedidas a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF), y Colau ha defendido que todas ellas "están justificadas" y que se han concedido siguiendo la normativa.
