La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de diez años de prisión para los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", en su escrito de conclusiones relativo a la pieza que investiga las irregularidades en los contratos entre la Generalitat Valenciana y Orange Market entre 2004 y 2009.
Anticorrupción pide la apertura de juicio oral y señala que, por la vía de la responsabilidad civil, los acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Generalitat.
También solicita penas de entre siete y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para tres exconsellers de Francisco Camps -Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado-, y para el exdiputado autonómico del PP David Serra.
La Fiscalía ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana las conclusiones provisionales sobre la pieza que investiga la supuesta prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa entre 2004 y 2009, durante los gobiernos de Francisco Camps.
En ellas, también reclama siete años y once meses de prisión para los empleados de las empresas de la trama Felisa Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero, y tanto para estos como para los dirigentes de Gürtel pide multas que ascienden a 582.000 euros en cada uno de los casos.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a la cúpula de Gürtel los delitos de tráfico de influencias, falsificación de documento mercantil, malversación de caudales.
Además, solicita penas de entre tres y siete años de prisión para varios ex cargos públicos de empresas públicas de la Generalitat, mientras que para el resto de ex altos cargos procesados reclama varios años de inhabilitación para cargo público.
Por lo que respecta al delito de malversación investigado, plantea que la sentencia que se dicte se remita al Tribunal de Cuentas para que determina la correspondiente responsabilidad contable por alcance que proceda.
Anticorrupción estima que, como efecto derivado del delito de prevaricación, procede declarar la nulidad de las resoluciones de adjudicación de la totalidad de expedientes de contratación analizados, con retroacción respecto de las cantidades indebidamente percibidas.
Según la Fiscalía, la cúpula de Gürtel se prevalió de las "especiales relaciones" que había establecido con autoridades y funcionarios de la Generalitat para lograr, "con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas" de la Generalitat, la adjudicación y contratación "irregular" de numerosos contratos públicos.
Así, para lograr las contrataciones recurrieron a técnicas como presentar diferentes sociedades del grupo al mismo proceso, el fraccionamiento intencionado de la contratación, la adjudicación directa de los contratos o el "centrifugado de la facturación".
El TSJCV concluyó en julio la instrucción de esta causa, la número cinco dentro de la investigación sobre supuesta financiación irregular del PPCV, y procesó a una veintena personas, entre ellas a un diputado autonómico del PP, David Serra, quien el 9 de septiembre renunció al escaño y por tanto ya no quedan aforados en ella.
