La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación. En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada. Para doce de estos encausados, la Fiscalía pide ocho años de prisión y para el resto seis años de cárcel.
La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía.
De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre 2009 y 2013, debe responder por los concedidos entre 2005 y 2010, que suman casi 484 millones de euros.
Entre los acusados por Anticorrupción hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno". La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, "lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral" en Andalucía.
Para evitar esa labor fiscalizadora, que "entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", los acusados modificaron los presupuestos de la Junta e introdujeron las transferencias de financiación.
Esta aplicación presupuestaria "permitía de manera consciente que los fondos públicos" para las ayudas sociolaborales "se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa", según la Fiscalía. Los encausados "buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento", sostiene Anticorrupción.
De esta forma, añade la Fiscalía, se privó "a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso" a las ayudas "por falta de publicidad", y se facilitó "que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran" a ellas. Tampoco se fijaban "límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc".
La Fiscalía sostiene que la gestión de los fondos por los encausados pertenecientes a Empleo "era conocida por el resto de los encausados" por los informes de la Intervención desde el año 2002, "muy especialmente en el llamado "informe adicional" del ejercicio 2003 notificado en 2005". También era conocida por los informes de auditoría de cuentas de IFA/IDEA, en particular el de 2003, y en varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la administración autonómica en los ejercicios 2008 y 2009.
