La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al instructor del "caso Faisán", el juez Pablo Ruz, que proceda contra el antiguo jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y contra el inspector José María Ballesteros como responsables del chivatazo a ETA, pero ha pedido en cambio que se deje fuera de la causa por falta de pruebas al exdirector general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.
El fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, ha remitido un escrito al juez Ruz en el que asegura que, el caso de García Hidalgo, no se ha aportado "diligencia alguna, concreta y específica" que pueda demostrar su implicación en la delación que, el 4 de mayo de 2006, alertó a ETA en el bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa) de la operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión.
"La diligencias practicadas han corroborado la verosimilitud de la imputación de Pamies y Ballesteros así como de la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos", señala en cambio el representante del Ministerio Público.
El fiscal Bautista contesta así al juez Ruz, quien el pasado 18 de septiembre dictó una providencia en el que daba por finalizada la investigción y preguntaba al Ministerio Público si volvía a procesar a los tres mandos policiales imputados en la causa.
El magistrado, en su resolución, señalaba que "han sido verificadas la totalidad de las diligencias" que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó practicar hace ya un año y que solicitaron las partes.
García Hidalgo, Pamies y Ballesteros están imputados en la causa por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos.
ENTREGA DE UN MÓVIL
El juez de la Audiencia Nacional ya procesó en julio de 2011 a Ballesteros, Pamies y García Hidalgo. Ruz sostenía que fue el inspector Ballesteros la persona que entregó a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006 a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil.
El magistrado sostenía también que a través de ese móvil, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA. Esta delación habría contado con la colaboración y connivencia del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García.
REVOCACIÓN DEL PROCESAMIENTO
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió por unanimidad el 21 de septiembre de 2011 revocar este procesamiento y devolver la causa al instructor para que ampliase la investigación.
Desde esa fecha, el juez Ruz ha practicado numerosas diligencias de investigación, entre las que destaca el requerimiento el pasado mes de marzo a la Unidad Central Especial de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil para que analizase varios de los aspectos más controvertidos de la investigación. El magistrado solicitó en concreto a la Guardia Civil que elaborase un informe sobre las posibles contradicciones entre el acta de vigilancia policial, la grabación del exterior del bar "Faisán" y las declaraciones del dueño del establecimiento y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA Joseba Elosua.
Esta diligencia fue solicitada por varias de las partes ante las sospechas sobre el equipo investigador que ha actuado hasta el momento, liderado por el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, quien fue precisamente el jefe del operativo contra el aparato de extorsión de ETA en el momento del chivatazo.
Los informes elaborados desestimaron estas sospechas y permitieron al juez Ruz apuntalar la tesis de la investigación y cerrar el círculo en torno a la responsabilidad de los imputados.
TEORÍAS ALTERNATIVAS
El representante de la Fiscalía descarta en su escrito las teorías alternativas planteadas por las defensas de los imputados. Rechaza, a la luz de las nuevas diligencias practicadas, que en la delación pudiesen haber intervenido "otras fuerzas policiales" o que se "utilizasen teléfonos satélite".
El fiscal, a la hora de descartar la intervención de otros policías en el chivatazo, señala que "nadie, excepto la Comisaría General de Informción, intervino los teléfonos en la operación".
En lo referente a los teléfonos vía satélite, Bautista indica que esta posibilidad no parece verosímil "tanto por la imposibilidad técnica como por lo llamativo del despliegue que exigiría su uso".
El representante del Ministerio Público señala que el informe de la Guardia Civil concluyó que los implicados debían ser miembros de la policía y señalaba que uno de ellos debía estar "ubicado en las inmediaciones del lugar" mientras que otro tenía "una posición elevada en la jerarquía del Cuerpo Nacional de Policía" así como "conocimiento previo de los despliegues, estando vinculado a la provincia de Guipúzcoa".
El escrito subraya que Ballesteros aparece en las grabaciones realizadas durante la operación saliendo del bar "Faisán" poco después de que se realizase la llamada con la que supuestamente se produjo el "chivatazo", que la investigación sitúa en torno a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006.
El fiscal concluye por lo tanto que la hipótesis más verosímil y "más consistente" es que la filtración fuese realizada por Ballesteros y Pamies, descartando las teorías que señalan que la delación podría tener su origen en el equipo investigador, en otras agencias de seguridad como el Centro Nacional de Inteligencia o incluso en personas ajenas a la lucha contra ETA.
