La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que condene a diez años de cárcel al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al ex secretario general del sindicato abertzale LAB Rafael Díez Usabiaga, a los que acusa de un delito de integración en organización terrorista por intentar reconsruir el partido ilegalizado a las órdenes de ETA.
El Ministerio Público ha hecho esta petición en un escrito de calificación presentado este martes ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano que se encargará de juzgar en los próximos meses a Otegi, Díez Usabiaga y a los otros seis procesados en la causa, para quien también se piden diez años de cárcel.
Todos ellos están acusados de un delito de integración en organización terrorista por su participación en el proyecto denominado "-Bateragune" -núcleo de reunión, en euskera-, que trataba supuestamente de reconstruir la marca electoral de ETA para concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.
Además de Otegi y Díez Usabiaga, la Fiscalía pide diez años de cárcel para la extesorera del PCTV, Sonia Jacinto; para Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar Patxi Zabaleta y una de las dirigentes emergentes de la izquierda abertzale; para Arkaitz Rodríguez, exresponsable de Haika en Álava, así como para José Luis Moreno Sag~és, José Manuel Serra Ugarte y Amaia Esnal.
El escrito, firmado por el fiscal Vicente González Mota, asegura que la banda terrorista decidió poner en marcha la iniciativa de Bateragune a lo largo del año 2009 para "eludir la acción de la justicia" -en concreto la ilegalización de sus marcas electorales- y tras el fracaso de la tregua y el proceso de diálogo. "Bateragune es el órgano diseñado para sustituir a la Mesa Nacional de Batasuna, actuando como una comisión permanente que tomara las decisiones estratégicas del frente institucional de ETA", señala el escrito de acusación.
"VOTOS Y BOMBAS"
El fiscal González Mota asegura que ETA, para facilitar el proceso, decidió combinar "parones de acciones armadas con atentados terroristas", en lo que el juez Baltasar Garzón, que se encargó de la instrucción de la causa, definió como estrategia de "votos y bombas".
Para ello, ETA ordenó a "Bateragune" la creación de un "polo soberanista" -bajo estricto control de la banda terrorista- que integrase a diferentes partidos como Aralar, EA o la marca electoral de Batasuna en Francia así como a sindicatos y movimientos sociales independentistas. El objetivo era formar un conglomerado que diese la impresión de haber superado la luchar armada y que llevara "la confrontación política hasta el punto más álgido".
En base a esta estrategia, los dirigentes de "Bateragune" convocaron diversos actos públicos -rueda de prensa, entrevista y comunicados- "cuyo objetivo era camuflar las actuaciones terroristas".
La dirección de ETA, por su parte, en cumplimiento de esta estrategia de "parones y lucha armada", llevó a cabo varios atentados entre abril y agosto de 2009, entre ellos el asesinato del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, cometido el 19 de junio, y el que costó la vida a los agentes de la Guardia Civil en Palma Mallorca Diego Salva y Carlos Sáez de Tejada.
OTEGI ES "RONALDINHO"
Otegi, Díez Usabiaga y los otros seis acusados formaron la "comisión permanente" de "Bateragune" y utilizaron la sede del sindicato LAB como "cuartel general". El escrito de la Fiscalía detalla además que Otegi, que era identificado con el apodo de "Ronaldinho", se reunió como miembros de ETA para recibir instrucciones.
De esta forma, Otegi y Díez Usabiaga se desplazaron el 30 de abril de 2009 a la localidad francesa de Ezpélete para reunirse con Jokin Etxebería, el que fuera responsable del aparato político de ETA. El exportavoz de Batasuna, que tenía prohibido abandonar el territorio nacional, volvió a acudir a una reunión en Ezpélete el 21 de julio de ese año.
El proyecto fue presentado por Otegi y Díez Usabiaga en una rueda de prensa celebrada el 16 de marzo de 2009 en San Sebastián en la que también participaron los acusados Arkaitz Rodríguez, José Luis Moreno, Amaia Esnal y Miren Zabaleta. El escrito de la Fiscalía detalla todas las reuniones mantenidas por los acusados, entre abril y octubre de 2009, mes en el que fueron detenidos.
El escrito del fiscal González Mota subraya la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de avalar la ilegalización de Batasuna en una sentencia dictada en junio de 2009 y que supuso un respaldo a la política de lucha contra el entramado político e institucional de ETA.
