El fiscal Carlos Bautista se ha vuelto a oponer a que se cite a declarar como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en el llamado "caso Faisán" porque las llamadas que mantuvo con alguno de los imputados el día del chivatazo a ETA, el 4 de mayo de 2006, son "intrascendentes".
Así lo ha expuesto el fiscal de la Audiencia Nacional en la vista del recurso de apelación interpuesto por la asociación Dignidad y Justicia contra la negativa del juez Pablo Ruz, instructor del caso, de llamar a declarar a Camacho.
Durante la vista, celebrada a puerta cerrada ante la sección segunda de la Sala de lo Penal -compuesta por Fernando García Nicolás, Julio de Diego y Ángel Hurtado (ponente)-, la letrada de Dignidad y Justicia se ha preguntado por qué se llama a declarar como testigo al ex comisario general de Información Telesforo Rubio, del que sólo constan dos llamadas en las horas que se produjo el chivatazo, y no se hace lo mismo con Camacho que cuenta con un mayor número de llamadas.
A este respecto, Bautista ha argumentado que Telesforo Rubio contaba con datos de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA, que se abortó con el chivatazo, de los que no disponía Camacho y por eso se le citó como testigo.
Ha añadido además que si el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados en esta causa, no sabía nada del chivatazo, menos sabría Camacho.
Para el fiscal, las conversaciones telefónicas que mantuvo Camacho con algunos de los imputados en los días anteriores y posteriores al chivatazo forman parte de la normalidad, en el ejercicio de su cargo, cuando se está desarrollando una operación antiterrorista, que finalmente se llevó a cabo en junio de 2006, tras quedar frustrada por culpa del soplo a ETA.
Para el fiscal, las llamadas de Camacho "obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos directivos ministeriales y son ajenas al contexto de circunstancias de tiempo y lugar en el que se desarrollan los intercambios de llamadas de los imputados", el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, y el Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.
Por ello opina que el testimonio del número dos de Interior "ni añade ni quita nada".
El pasado 4 de febrero, Ruz rechazó llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, al estimar, en coincidencia con el criterio de la Fiscalía, que su testimonio sería "irrelevante", ya que los propios investigadores del chivatazo no concedieron "trascendencia, importancia o relevancia" a ese tráfico de llamadas.
El juez adoptó esta decisión después de haber ordenado identificar a los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior -uno de ellos el de Camacho- desde los que los imputados recibieron llamadas antes y después del "chivatazo".
Antes de examinar este recurso, el tribunal ha celebrado otra vista para estudiar el recurso de la defensa de Ballesteros contra la decisión de Ruz de imponerle la obligación de comparecer cada 15 días en el Juzgado más próximo a su domicilio después de que el policía admitiera su presencia en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), en los momentos en los que se produjo el "chivatazo".
El fiscal se ha opuesto a la petición de la defensa de Ballesteros, alegando que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando hay indicios contra un imputado son obligatorias este tipo de comparecencias, denominadas "apud acta".
Mientras tanto, el juez Pablo Ruz sigue instruyendo esta causa y aún está a la espera de recibir de Francia el acta de entrada y registro en el domicilio del dirigente etarra Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en el país galo en 2008.
Este documento avalaría las actas de ETA que le fueron intervenidas y en las que se refleja el contenido de las reuniones mantenidas con cuatro representantes del Gobierno en 2006.
En relación a estas actas, Ruz interrogó entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo a estos cuatro mediadores: el exministro y exfiscal general del Estado Javier Moscoso, Gómez Benítez y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren
