El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este jueves que aunque resultó "muy doloroso" aplicar el tercer grado al preso etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga y comprende las críticas de las víctimas, fue una decisión sometida "al imperio de la ley", y la contraria hubiera sido prevaricación.
Así lo ha subrayado Fernández Díaz a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa conjunta con su homólogo búlgaro, Tsvetan Tsvetanov, en la que ha resaltado que la decisión de Prisiones de clasificar al recluso etarra enfermo obedece al "imperio de la ley" y a la "grandeza del Estado de Derecho".
"El primero al que produce malestar esta decisión es a mí mismo", ha destacado el ministro después de insistir en que "es legítimo discrepar de la ley", pero que su departamento debe cumplirla porque "no hacerlo desnaturaliza el Estado de Derecho".
"Y si no nos gusta, que se cambie la ley", ha añadido. Pese a que ha sido "muy doloroso" clasificar en tercer grado al secuestrador de José Antonio Ortega Lara, el ministro ha insistido en que "se ha cumplido la ley; aunque nos duela haber tenido que tomar esta iniciativa, si no la hubiéramos tomado hubiéramos recaído en prevaricación".
Una iniciativa que, ha apuntado, nació de una providencia del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en la que instó a Prisiones la semana pasada a evaluar la posibilidad de aplicar el tercer grado al recluso.
LA OCUPACIÓN DE LA FINCA DE GORDILLO FUE UNA PATOCHADA CON CONNIVENCIA DEL PROPIETARIO
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este jueves que la ocupación de la finca por el líder del SAT, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y otros jornaleros, fue una "patochada con una absolutamente connivencia" del propietario de la misma.
Fernández Díaz asegura que pidió que se contactara con el propietario de la finca para saber si este estaba de acuerdo con que los jornaleros estuvieran allí, porque no había presentado denuncia y finalmente le isntaron a presentarla.
En este sentido, el ministro explicó también que siete horas después, el propietario presentó una denuncia y lo hizo por el presunto daño que se había producido al cortar unos alambres al entrar.
Según el ministro, "la opinión pública tiene derecho a saber la verdad". "Si hay una connivencia, que se sepa", exclamó y añadió que "no se juegue con el Estado de Derecho, con la imagen de España, ni con la Guardia Civil o la Policía
