El FROB y Bankia, que ejercen la acusación particular en el juicio contra los 65 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid, han centrado hoy el debate durante la exposición de sus conclusiones, en las que han señalado a la excúpula de la entidad como artífice del delito y se han atribuido de forma excluyente el papel de perjudicados.
El letrado del FROB Fernando Aizpún ha reclamado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal que el fondo sea el beneficiario en exclusiva de las cantidades desembolsadas con las "black" una vez se recuperen, al ser el que saneó con fondos públicos a la entidad "con el fin de preservar la estabilidad del sistema financiero".
Esta versión contrasta con la manifestada por el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, que ha defendido que es a ésta a la que deben restituirse todos los cargos, ya que recibió los activos segregados de Caja Madrid.
Al margen de la disputa por la legitimidad, ambas acusaciones se han expresado en la misma línea del Ministerio Fiscal y han señalado que las tarjetas, lejos de repercutir en un beneficio para la entidad, se utilizaron para satisfacer fines personales que nada tenían que ver con las funciones en la caja.
Aizpún ha destacado en su relato el "protagonismo" de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato en el mantenimiento de un sistema "sin base legal o estatutaria", así como la "necesaria cooperación" del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj en la medida de que era "el encargado de coordinarlo". Además, ha reiterado la fiabilidad de la principal prueba inculpatoria, las polémicas hojas de cálculo excel con los gastos, refutadas por los acusados, y ha subrayado que su difusión no supone una intromisión en la intimidad de los usuarios de las tarjetas "como ya refrendó la propia Agencia de Protección de Datos".
Aun más contundente se ha mostrado Bankia, que ha señalado a la excúpula de la extinta caja como "verdadera artífice" de un sistema que, desde el comienzo, "era opaco, 'black', subrepticio, desde cómo se gestionaban a cómo se omitía información corporativa".
En el caso de Blesa y Rato, Burkhalter ha dicho que es "evidente que se excedieron con mucho de los limites de su cargo" pese a ser conscientes de que "no existía una cobertura legal, por lo que las mantenían ocultas", responsabilidad compartida con quien "ejecutaba" sus decisiones, Sánchez Barcoj, y por el que fuera secretario general de la caja, Enrique de la Torre.
Sin embargo, a diferencia del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y del FROB, el letrado de Bankia ha acotado su petición para el resto de exdirectivos a una pena económica al entender que "no tenían una posición de garante" de la entidad y por lo tanto, no han incurrido en la apropiación indebida achacada al resto.
Para el letrado de BFA, Alberto Gómez Fraga, ha quedado acreditado que existió un "desvío sistemático de fondos en perjuicio de la sociedad", conducta que reúne "todos los ingredientes del delito de apropiación indebida por parte de los usuarios y de administración desleal" en el caso de los expresidentes.
Como hicieran las acusaciones precedentes y el propio fiscal, ha atenuado la petición de condena para algunos de los consejeros, entre ellos Virgilio Zapatero, quien restituyó lo gastado con su tarjeta "mucho antes" de que empezase el juicio.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por Andrés Herzog, ha asegurado que las contradicciones de los acusados evidencian el delito cometido, entre otros, por Blesa y Rato -para quienes pide diez años de cárcel- y quienes "se agarraron a un clavo ardiendo" alegando que el sistema fue creado en 1988 bajo la presidencia de Jaime Terceiro.
No obstante, ha discrepado con Bankia respecto al papel de los directivos, a los que considera una "pieza clave en todo el engranaje" ya que "cogían su tarjeta y la utilizaban", al igual que los representantes de la Comunidad de Madrid en la caja.
El abogado de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Raúl Maillo, ha destacado la ilegalidad de estas tarjetas y ha pedido que se haga justicia en nombre de "toda la sociedad".
El tribunal que preside la juez Ángela Murillo retomará la sesión el viernes, jornada en el que las primeras defensas expondrán sus informes finales, entre ellas las de los expresidentes Blesa y Rato, para quienes Anticorrupción solicita penas de seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.
