La Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para pedir al Gobierno de Hugo Chávez los informes que elaboró un oficial del Ejército de Venezuela sobre las relaciones que mantuvieron la organización terrorista ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los cursos de adiestramiento en este país que habrían recibido varios etarras, entre ellos el líder del colectivo de deportados en el país sudamericano, Arturo Cubillas Fontán.
La iniciativa parte de la portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, quien se entrevistó el pasado fin de semana en Caracas con el militar venezolano, y ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la intención de éste de declarar como testigo protegido en la causa en la que el juez Eloy Velasco investiga las conexiones entre los dos grupos terroristas.
En declaraciones a Europa Press, Ordóñez ha explicado que el oficial venezolano --un mayor ya retirado que fue comandante de la Base de Protección Fronteriza (BPF), en el límite entre Colombia y Venezuela-- redactó numerosos informes que ponen de manifiesto "la existencia en suelo venezolano de campos de entrenamiento de etarras y cómo estos campan por el país a sus anchas".
SIN CONTESTACIÓN SOBRE CUBILLAS DESDE 2010
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha solicitado ya al juez Velasco que curse una comisión rogatoria a la Justicia venezolana pidiéndole por vía oficial esta documentación, lo que el magistrado hará en los próximos días. El problema es que el Gobierno de Chávez ni siquiera ha contestado a la petición de extradición que el Consejo de Ministros cursó el 29 de octubre de 2010 en cumplimiento de la orden de busca y captura dictada por el juez Velasco.
"Algo tendrán que decir ahora", ha señalado Ordóñez antes de manifestar su indignación por el hecho de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, calificara en junio pasado al presidente venezolano, Hugo Chávez, de "gran amigo". "¿Es eso ético?", se ha preguntado.
Al mismo tiempo, ha recordado que, tal y como denunció Covite en la Cumbre de Ministros Iberoamericanos que se celebró en septiembre pasado en Valencia, en Venezuela viven 45 etarras deportados que podrían contribuir a esclarecer los 326 atentados que, según sus datos, siguen todavía sin resolver.
TESTIMONIOS DE ARREPENTIDOS
Aunque la principal prueba que obra en el proceso --los ordenadores capturados al líder de las FARC 'Raúl Reyes' en marzo de 2008--, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el juez tomó declaración en 2011 a una decena de guerrilleros arrepentidos que constataron que Cubillas Fontán visitó en 2006 y 2007 los campamentos de la guerrilla y que varios etarras recibieron en esas fechas cursillos en el manejo de armas y explosivos.
Los antiguos integrantes de las FARC señalaron que ambas organizaciones terroristas colaboraron para la mejora en el uso de armas y explosivos R1, TNT y C1, e identificaron entre los terroristas que acudieron a los campamentos de la guerrilla a Cubillas Fontán, José María Zaldua Corta, ya fallecido, y José Ignacio Olascoaga Múgica.
El magistrado procesó en febrero de 2010 a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputó un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
En marzo de 2011 amplió el procesamiento al exjefe militar de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata'; al exresponsable del aparato político Francisco Javier López Peña, 'Thierry'; y a los etarras Ignacio Olascoaga, José Lorenzo Ayestarán, Iurgi Mendinueta e Iurgi Mendinueta, al tiempo que amplió la imputación a Cubillas al considerarle dirigente de la organización terrorista.
También fueron procesados los presuntos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas, mientras que a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango les atribuyó un delito de colaboración con banda armada.
