Errejón pide a la Audiencia de Madrid expulsar a Mouliaá y archivar la causa por agresión sexual

La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que expulse a la actriz Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual y que decrete el archivo de la causa.

Según la abogada del expolítico, la decisión de la actriz de retirar su acusación el pasado mes de febrero tiene un "carácter irrevocable" que, "por imperativo legal", debería conducir al sobreseimiento libre del caso, a pesar de que posteriormente se retractase.

Este argumento ya fue planteado ante el juez instructor, Adolfo Carretero, quien rechazó archivar la causa al considerar válida la rectificación de la actriz y su voluntad de continuar como acusación.

Ahora, la defensa, encabezada por la letrada Eva Gimbernart, ha recurrido esa decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que también debe pronunciarse sobre el procesamiento de Errejón por presunta agresión sexual.

El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por Mouliaá por hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021. Semanas atrás, una segunda denuncia por hechos similares fue archivada por una jueza al no ratificar la denunciante su versión en sede judicial.

En su recurso, la defensa insiste en que la renuncia de la actriz fue un acto "unilateral, personalísimo y plenamente consciente", firmado de su puño y letra, sin necesidad de ratificación posterior.

Asimismo, subraya que Mouliaá no ha aportado informes médicos que acrediten que su estado mental influyera en su decisión de abandonar la causa, y califica de "irracional e inconsistente" su cambio de postura.

La defensa también invoca la denominada doctrina Botín, que establece que un proceso penal no puede sostenerse únicamente con la acusación popular, lo que, a su juicio, obligaría al archivo del caso si se acepta la renuncia de la denunciante.

Fuentes cercanas al exdiputado insisten en que la renuncia de Mouliaá constituye un acto jurídico irreversible y sostienen que el procedimiento debería haberse archivado hace tiempo, en línea con el criterio de la Fiscalía.