El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a García en el vértice de una presunta organización criminal dedicada al cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación

El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García | REDACCION
(Actualizado

EFE

El juez Eduardo Martínez Gamero sostiene que existen "indicios racionales" de criminalidad contra el ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido en la segunda fase del caso mascarillas, a quien atribuye una "aquiescencia" activa en una trama de cobro de comisiones ilegales camuflada bajo un "lenguaje encriptado" sobre servicios dentales.

Según el auto judicial, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a García en el vértice de una presunta organización criminal dedicada al cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación.

El magistrado destaca como indicio clave un mensaje de WhatsApp enviado por el presidente a las 20:53 horas del 8 de abril de 2020, consistente únicamente en un "emoticón de un diente".

Este mensaje fue enviado "solo tres minutos después" de que García estampara su firma en el decreto de adjudicación de un contrato de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L, según el auto que adelanta este martes 'Diario de Almería'.

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, implicado en el caso Mascarillas

Para el instructor, este hecho evidencia el conocimiento del presidente sobre el cobro de comisiones, utilizando términos como "dentista", "muelas picadas", "cambiar la piñata" o "limpieza" para referirse en diferentes mensajes de WhatsApp a los amaños de contratos y el reparto de beneficios ilícitos.

La resolución judicial detalla que el contrato adjudicado a Azor Corporate, propuesto por el entonces diputado de Presidencia Fernando Giménez —también investigado y detenido—, generó unos sobrecostes de "945.327,61 euros", lo que supone el "42,27 % del contrato total".

El juez afirma que estos fondos fueron "retornados ficticiamente" a una sociedad instrumental controlada por la trama, denominada CORPFAM, y que parte del dinero fue entregado en efectivo por el administrador de la empresa adjudicataria a intermediarios para su distribución entre cargos públicos.Blanqueo a través del entorno familiar