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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó la intervención de los correos electrónicos de varios altos cargos de Adif, Puertos del Estado y los ministerios de Transporte e Interior, entre otros, dentro de la investigación de llamado caso Koldo relacionado con el cobro de comisiones en la compra de material sanitario en la pandemia.

En un auto, el juez autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a solicitar a la entidad Puertos del Estado el contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 de varias personas, ente ellas el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.

La UCO interceptó una conversación entre Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes en la pandemia, José Luis Ábalos, y posiblemente Sánchez Manzanares.

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De confirmarse esas conversaciones, la UCO cree que sería "un hito de interés" para la investigación, dado que Sánchez Manzanares firmó un documento en una adjudicación que Puertos del Estado otorgó a la trama por 24,2 millones de euros.

Dentro de este organismo, el juez pidió intervenir los correos electrónicos del que fuera presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, así como de otros altos cargos de ese organismo durante la pandemia y, algunos de ellos, en la actualidad.

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Así como copia de toda la documentación que obre en su poder sobre el contrato con número de expediente E/019/20 adjudicado a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio de la covid-19, por un valor de 24.200.000 euros, IVA incluido,

Respecto a Adif, el juez también solicitó intervenir los correos de la que fuera presidenta del ente, Isabel Pardo de Vera, y de los responsables entonces de Recursos Humanos, Gestión de Personas o Prevención de Riesgos Laborales de ese organismo.

Según el auto, gracias a la intervención telefónica ha sido posible vincular directamente a Koldo García con Michaux Miranda, director de Gestión de Personas de Adif.

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Al parecer, el hijo de Joseba, hermano de Koldo, habría accedido a Adif recientemente a través de la intermediación de su tío. En la conversación se aludía a los exámenes para entrar en el organismos.

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Por ello, el juez pidió a Adif que aportara copia de la documentación que obrara en su poder relativa a las actas de exámenes para el acceso a esa entidad entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.

También intervino los correos de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, en concreto, los de Daniel Belmar, que dirigía esa Subdirección. Belmar firmó todos los documentos del contrato por la Secretaría de Estado de Seguridad con la empresa de la trama Soluciones de Gestión.

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Los investigadores también recelan de la compra de mascarillas por parte del ministerio de Grande Marlaska. La documentación remitida plantea dudas a la Guardia Civil. Los agentes advierten que no encontraron ningún documento en que se haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior contrató con la empresa de la trama. A los agentes, además, no les cuadran las fechas de la firma del contrato y la entrega de las mascarillas.

Al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el juez pidió copia del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de Koldo García y cualquier otra cuenta oficial que hubiera dispuesto entre el día 1 de enero de 2020 y hasta ahora.

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También, toda la documentación sobre los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión por entes dependientes de ese Ministerio – Puertos del Estado y Adif- "o por cualquier otro organismo o ente público que adjudicara un contrato de suministro de material sanitario a dicha mercantil en los años 2020 y 2021".