El Tribunal Supremo abre el curso judicial con dos vistas este lunes para estudiar las medidas cautelares solicitadas por el partido Iustitia Europa y Vox contra "las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- como consecuencia" de la denominada ley de nietos.
Ambos partidos recurrieron ante la Sala de lo Contencioso el acuerdo emitido por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 16 de julio sobre la aplicación de la citada norma, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
Iustitia Europa y la Junta Electoral Central están citados a las 10.00 para exponer sus argumentos ante la Sala, que una hora después acogerá una segunda vista para estudiar las cautelares de Vox, que entiende que la JEC sí es competente para "poner fin al fraude o la ilegalidad en el censo derivados del fraude e ilegalidad en las nacionalizaciones".
La ley de nietos permite en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, si bien el PP denuncia que lo que se pretende con esta disposición es "fabricar" votantes y Vox lo ve como un intento del Gobierno de "adulterar" el censo electoral.
2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
El citado acuerdo, por el que la JEC solicitó a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la ley y el voto por correo de residentes ausentes, contó con un voto particular de cuatro de los trece vocales, en el que aseguraban que este órgano sí es competente para poner fin a un incremento del censo "formidable e irreversible" que contraviene la norma.
En dicho voto particular se apoyó Iustitia Europa para solicitar cautelarmente la suspensión provisional de las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes mientras se comprobaba su legalidad y trazabilidad.