El PP exigirá en el CPFF la reforma de la financiación autonómica y tacha de "secundaria" la senda de déficit

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes arranca con una fuerte división política. Las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular acudirán a la reunión con el Ministerio de Hacienda, que presentará la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, el paso inicial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, con escasas expectativas sobre los objetivos de déficit presentado. Los populares centran sus demandas en la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace más de una década.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta este lunes la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, el paso inicial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Tras la reunión con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros aprobará el martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales, según ha confirmado la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sin embargo, los presidentes autonómicos del PP tildan el tema de "secundario", mientras que la reforma de la financiación ocupa la primera línea de la agenda.

Por ahora, se conoce que Hacienda está analizando una propuesta para que los ingresos que se perciben del IRPF, del IVA y de los impuestos compartidos entre comunidades autónomas y Estado llegue "a la vez" a todas las administraciones.

Escepticismo ante el déficit y el "relleno" político

El sentimiento generalizado en las autonomías del PP es de escepticismo. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, calificó la senda de estabilidad como "un poco secundaria" y dudó de que se vaya a abordar a fondo la financiación, que es "lo que verdaderamente interesa".

Esta opinión se extiende al propio orden del día. La consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, consideró el informe sobre la modificación del sistema de financiación como un "punto de relleno", incluido solo para apaciguar las quejas de las comunidades infrafinanciadas.

El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, fue directo al señalar que el debate sobre el techo de gasto "no va a ningún sitio" por la falta de apoyos parlamentarios para sacarlo adelante.

En Madrid, en cambio, la consejera de Economía, Hacienda, Rocío Albert, ha afirmado que la Comunidad espera "poco" del CPFF y ha insistido en cambiar un sistema de financiación "obsoleto" para las comunidades autónomas.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno debería haber presentado la senda fiscal "en el primer semestre".

Las demandas autonómicas: Desde fondos de nivelación a un régimen común

Las comunidades del PP, junto a otras, aprovecharán la cita para presionar al Gobierno central con exigencias concretas. Así, Andalucía reclama 4.000 millones de euros en el marco del nuevo sistema para costear servicios públicos, recordando que la hoy ministra Montero exigió la misma cantidad al Gobierno de Rajoy en 2018.

Por su parte la Comunidad Valenciana también exige la reforma urgente de la financiación y, mientras tanto, un fondo de nivelación suficiente para igualar a las comunidades por debajo de la media.

Mientras tanto, desde Baleares se reclama que la financiación se dialogue en un foro multilateral entre todas las CCAA y no se pacte "en un despacho" de forma bilateral para Cataluña.

Por su parte, El presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá que el régimen común siga siendo "común", oponiéndose a "singularidades con privilegios", y aboga por una mayor participación en los ingresos estatales.

Por su parte, el Gobierno socialista de Asturias se ha mostrado más interesado. Su responsable de Hacienda, Guillermo Peláez, indicó que la concreción de los objetivos de estabilidad puede "despejar muchas incógnitas" y permitir cerrar los ingresos de las cuentas autonómicas de 2026

Un calendario presupuestario accidentado

La presentación de la senda a las regiones y su posterior aprobación en Consejo de Ministros es el requisito formal para iniciar la tramitación de los PGE.

Hacienda propondrá objetivos de déficit, deuda y gasto para 2026-2028, con la seguridad de que el Gobierno los avalará al contar con la mitad de los votos.

Sin embargo, el recorrido en las Cortes se augura complicado. La oposición, incluyendo a socios clave como Junts, ya tumbó la senda anterior.

Un nuevo rechazo obligaría al Gobierno a aprobar una segunda senda en el plazo de un mes. Con la tramitación prevista, el futuro proyecto de Presupuestos de 2026, el primero que se presentaría en la legislatura, llegará con meses de retraso, forzando una nueva prórroga de las cuentas de 2023.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado recientemente que "con nuevos Presupuestos o sin nuevos Presupuestos" seguirá avanzando y continuará con su "hoja de ruta" hasta agotar la legislatura en el año 2027.