El Gobierno aprueba, otra vez, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes

El Consejo de Ministros ha aprobado un informe de revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 con 100 metas a cumplir hasta el año 2030 entre las que se incluyen la aprobación de una prestación universal por crianza para el 100% de las familias con hijos.

La iniciativa ha sido aprobada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy han precisado a Europa Press que la estrategia contempla la aprobación de una prestación por hijo a cargo de "200 euros al mes".

El objetivo es que llegue a todas las familias con menores hasta los 18 años, aunque la implantación podría ser gradual. Una medida que ya anunció en mayo de 2025.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que confía en que la prestación por crianza "vea la luz cuanto antes" y ha defendido que "su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española".

Según ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales, el objetivo de la estrategia es reforzar "el Estado de Bienestar" con acciones dirigidas a "reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos".

Además, ha destacado que el Gobierno "incluye por primera vez en una estrategia estatal" la prestación universal por crianza como "un derecho" que lograría "acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030".

El objetivo de esta prestación es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo. Según el estudio El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', presentado por UNICEF en noviembre de 2025, la pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, lo que supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

Asimismo, el informe señala que con un mínimo de 100 euros al mes ya se podría sacar a 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación. La propuesta de una prestación universal por crianza también ha sido defendida en reiteradas ocasiones por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Precisamente, en el marco de la presentación del estudio de UNICEF, Rego aseguró que hay recursos para aplicar "de manera gradual" la prestación universal para la crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, para atajar la pobreza infantil en España.

Rego advirtió entonces de que "la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 (millones)".

Entre los 10 hitos principales que recoge la hoja de ruta del Ministerio destaca, además de la prestación por crianza, la reducción de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope) en un 10% (por debajo de la incidencia de la UE) "dando prioridad a medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas con la situación de pobreza".

También se propone reducir la brecha salarial de género al 10%, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%; y aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada, prestando especial atención a las mujeres con discapacidad.

Asimismo, se busca promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio; lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados para "reducir las resoluciones, garantizando la posibilidad de atención presencial para quienes lo necesiten", y reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9% con atención especial a colectivos vulnerables.

La hoja de ruta también plantea triplicar la inversión pública en vivienda con el objetivo de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en 4 años e incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos.

Asimismo, se señala la necesidad de priorizar el acceso a jóvenes a la vivienda con el fin de reducir su edad de emancipación.

Por otro lado, con esta estrategia el Gobierno de España apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, fija más recursos para emergencias derivadas de la adaptación a fenómenos extremos climáticos.

En paralelo, busca potenciar el "turismo verde y de interior, y una mayor economía social, con más vertebración social y territorial de España".

Según el Ministerio, esta nueva estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, "ha contado con un proceso colaborativo en el que han participado todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil y entidades del ámbito académico y del sector privado".

Fuentes del Ministerio han precisado a Europa Press que con esta estrategia, el Gobierno pretende marcar "hacia dónde deben orientarse los recursos y las diferentes políticas públicas", no solo de los ministerios, "sino también en el conjunto de las administraciones públicas".

También han precisado que al tratarse de una estrategia, las medidas incluidas "no tienen presupuesto" del que deberán dotarse en el momento de su aprobación definitiva.