El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Secretos Oficiales
- Lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras el Consejo
- La nueva norma fija cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido con un plazo de desclasificación para cada una
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como 'Ley de secretos oficiales' que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.
Así lo ha anunciado este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros.
Bolaños ha defendido que la nueva norma supone "un paso de garantía democrática" y deja atrás la Ley de Información Clasificada de 1968 vigente hasta ahora.
La nueva norma fija cuatro categorías de clasificación según "el grado de peligro para el Estado", tal y como ha explicado Bolaños: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.
El Gobierno aprueba el plan de ahorro energético que durará hasta noviembre de 2023
Los plazos de desclasificación son "más que razonables" y van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá.
El plazo para los documentos clasificados como alto secreto es de 50 años, mientras que los de secreto estarán clasificados por un plazo de 40 años.
Por su parte, los documentos catalogados como confidenciales se catalogarán entre uno y 7 años. Y el clasificado como restringido será entre 4 y 7 años.
Sánchez traspasa a Presidencia la competencia sobre los secretos oficiales que pertenecían a Defensa
De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.
En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional -que ahora recae en Presidencia- para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.
El presidente Sánchez anunció que llevaría a cabo una reforma de esta ley el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención para dar cuenta del 'caso Pegasus' de espionaje, que afectaba, entre otros, a líderes independentistas catalanes.
