La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Cosntitucional la moción secesionista si el lunes se aprueba en el Parlament y "en ese mismo minuto" pedirá su suspensión, de manera que nadie podrá ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa iniciativa.
Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha dejado claro que si el Tribunal Cosntitucional acepta el recurso y suspende la moción, ni la Generalitat catalana ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a la suspensión. Y que, si la realizan, el Gobierno o quienes puedan impugnar tal actuación, podrán llevar a cabo las decisiones que estimen oportunas "con proporcionalidad y prudencia".
A su juicio, la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, es tanto jurídica como políticamente la primera persona que "sin ningún género de dudas" debe sentirse aludida por el aviso del Tribunal Constitucional de que la Cámara autonómica debe velar por el cumplimiento de la Constitución.
En este sentido, ha precisado que el Tribunal Constitucional recoge algo insólito en su auto de ayer, que es "una advertencia", al hacer notar que el Parlament catalán tiene la obligación de velar por el respeto a la Constitución en el debate de la propuesta soberanista. Si no lo hace, entonces el Tribunal Constitucional podrá tomar las decisiones que estime oportunas, ha sintetizado respecto a la decisión del Alto Tribunal de permitir que se celebre el pleno con el argumento de que "es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución".
En todo caso, y si se aprueba la resolución secesionista en los términos actuales o similares, el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional de manera inmediata, previo informe del Consejo de Estado, urgirá la suspensión de la moción y nadie podrá "ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración", ha confirmado Sáenz de Santamaría. "La inmediatez del Gobierno será absoluta", ha prometido. "Y que a nadie le quepa duda de que esa declaración no producirá ninguno de sus efectos", ha dicho.
Ha indicado que España es un Estado de derecho y una democracia consolidada y por lo tanto no permitirá que "cualquier ciudadano y menos un gobierno se salte la ley". "En España funciona el Estado de derecho, sus mecanismos funcionan y hay un Gobierno dispuesto a usarlo", ha dicho, antes de insistir: "Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles".
La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno se siente "arropado" por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales e instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la ley y el respeto a la legalidad y la unidad.
"Cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y del Estado, porque este tema es un asunto de Estado", ha añadido.
También ha explicado que si finalmente el Tribunal Constitucional la declara nula, será "como si no hubiera existido", tal y como ocurrió con la declaración soberanista aprobada por el Parlament catalán en enero del 2013, y no podrá desplegar ninguno de sus efectos.
Si alguna institución intentara llevarlos a cabo -ha alertado la vicepresidenta- existen mecanismos "variados y amplios", cuya aplicación dependerá de cómo y cuándo se produzca el incumplimiento del Tribunal Constitucional y atendiendo siempre a criterios de "determinación, firmeza, prudencia y proporcionalidad".
Al ser preguntada por si entre esos mecanismos se encuentran los previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Sáenz de Santamaría ha aclarado que son "cuestiones diferentes". Una cosa es la situación financiera de una comunidad y las medidas que prevé la propia ley para garantizar la estabilidad presupuestaria y otra el incumplimiento de las decisiones de los tribunales.
Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de amparo de Ciudadanos, PSC y PPC, pero sin impedir el pleno, la vicepresidenta ha considerado que el alto tribunal ha actuado con arreglo a derecho y a sus propios precedentes.
EL PSOE APOYARÁ AL GOBIERNO EN EL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN INDEPENDENTISTA
Pedro Sánchez avanzó que los socialistas apoyarán al Ejecutivo en el recurso que presente ante el Tribunal Constitucional contra la resolución que debatirá el Parlamento de Cataluña para iniciar el proceso independentista.
"Lo fundamental es que no se apruebe esa resolución, que vulnera los derechos y libertades de los catalanes, porque plantea romper con el orden constitucional y la legalidad democrática, y además es contraria al Estatuto de Cataluña", dijo Sánchez.
Por ello, añadió, "vamos a votar en contra de esa resolución" y "vamos a apoyar el recurso que presente el Gobierno en contra de esa resolución ante el Tribunal Constitucional, y sí queremos encontrar una vía de solución política a un conflicto político".
Así se expresó Sánchez ante los periodistas tras una reunión con los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, a los que trasladó que el PSOE apuesta por derogar la reforma laboral del PP y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este viernes que los diputados de su partido en el Parlamento catalán aún no han decidido si votar o no la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP que iniciaría el proceso ruptura de Cataluña con España, y ha pedido a otros grupos parlamentarios que lo reflexionen también. Rivera ha subrayado que es algo "muy grave" desde el punto de vista político porque lo que plantea el texto es que no se apliquen las leyes, y eso "deja en desamparo a muchos catalanes".
Sobre la decisión del Tribunal Constitucional de no impedir ese debate, Rivera ha dicho que en su formación son "demócratas" y por eso la acatan aunque no la compartan y respecto a la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha reiterado que "no es deseable" pero que "está ahí por si fuera necesario". En cualquier caso, ha dicho que primero el Gobierno recurriría la propuesta de JxSí y la CUP y el Constitucional la suspendería y anularía y sus efectos jurídicos.
El líder de Podemos, Pablo Iglesiasreiteraba que "no vamos a apoyar en ningún caso una declaración unilateral de independencia" pero ha recordado que el Tribunal Constitucional "no está para resolver cuestiones políticas". A juicio de Iglesias, se trata de "una situación cómica" que el Constitucional tenga que decir que permite un debate político y ha subrayado que le "apena muchísimo" ver a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, ir "de la mano" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en esta cuestión.
"España está viviendo una nueva transición y, por desgracia, están imitando al terrible búnker", ha lamentado el dirigente de Podemos.
