Dos diputados de ERC han sido expulsados de la tribuna del Congreso por hablar en catalán y pretender que el resto de diputados, catalanes o no, también lo hagan, en "justa correspondencia" con la sentencia en Cataluña que obliga a que una clase sea impartida en castellano si un solo alumno así lo pide.
Para ERC, si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a que toda una clase tenga que estudiar en castellano, "en lógico paralelismo y en justa correspondencia" con que un solo diputado exija un cambio de lengua al catalán se debería obligar "a cambiar de idioma a la Cámara entera".
El primer diputado de ERC en ser expulsado han sido Joan Tardá, que después de tres llamadas al orden por parte del presidente del Congreso, Jesús Posada, ha sido conminado a abandonar la tribuna y volver a su escaño.
Lo mismo le ha ocurrido después al portavoz de ERC, Albert Bosch, que ha sido llamado al orden por tres veces por dirigirse a la Cámara en catalán y ha sido expulsado de la tribuna, en cumplimiento del reglamento del Congreso.
Previsiblemente, el episodio se repetirá cuando suba a la tribuna la tercera diputada de ERC, Teresa Jordá.
"LA PRUEBA DEL ALGODÓN"
En los pasillos de la Cámara, Joan Tardá ha reconocido que su demanda de que se aplique en el Congreso el mismo criterio que en las escuelas catalanas puede parecer "un sinsentido" pero "es un sinsentido aquí y en Cataluña".
Tardá ha explicado que al subir a la tribuna ha intentado hacer "la prueba del algodón" hablando en catalán, pero el presidente le ha retirado la palabra.
Es de la misma opinión Alfred Bosch que ha criticado una sentencia que pone en tela de juicio un modelo lingüístico que han sido "un éxito".
Bosch ha recordado que solo 17 familias han pedido clases en castellano frente a las centenares de miles que han solicitado la enseñanza en catalán lo que, a su juicio, corrobora que el modelo funciona.
"El modelo de Cataluña es un modelo de éxito, ha sido un instrumento de integración social", ha añadido.
A este asunto se ha referido también el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, quien ha pedido la "máxima responsabilidad" y prudencia a los diputados del PP para no "dividir a la sociedad catalana".
Sánchez Llibre, que intervenía en la tribuna en el debate sobre las preferentes, ha recalcado que existe en Cataluña el máximo consenso social y político de "indignación" ante el hecho de que se pretenda poner en cuestión el sistema de inmersión lingüística después de 30 años de "convivencia ejemplar en las aulas".
La diputada de Amaiur Onintza Enbeita Maguregi, en declaraciones a los medios, ha defendido la "legitimidad" de la protesta de ERC y ha calificado de "aberración" la sentencia del TSJC.
También ha acusado al Gobierno de intentar llevar a cabo una campaña de "españolización del pueblo vasco, catalán y gallego" y, para ello, utilizar "todas las instituciones que tiene a su disposición".
En declaraciones a los periodistas, Posada ha asegurado que la expulsión de la tribuna de oradores de Joan Tardá ha sido un "incidente menor" en el que no hay "nada personal" y en el que se ha limitado a aplicar el reglamento del Congreso conminándole a abandonar la tribuna por no hablar en castellano.
WERT ADVIERTE QUE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES HAYQ UE CUMPLIRLAS
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert ha advertido de que "la Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas", tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a introducir el castellano en las aulas donde esté escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.
"No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer", ha apostillado Wert, que además recuerda que "la Constitución dice en su artículo 117.3 que son los juzgados y los tribunales los que tienen que hacer cumplir las sentencias". Por lo tanto, ha concluido que se trata de "algo en lo que ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno de España entran".
En este sentido, Wert ha insistido en que "esta cuestión hay que aclararla normativamente" y que "eso es lo que se intenta hacer" con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Así, concluye que en un artículo de la misma "se trata de aplicar lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado para que el castellano y el catalán se aplique en ese sentido en la educación en Cataluña".
