La juez del caso ERE pide autorizaciones de Economía en las etapas de Griñán y Martínez Aguayo Reclama datos de 796 prejubilados de las minas y pide a Antonio Sanz y Zoido el plan elaborado por el Gobierno en 2002 para estas empresas
La juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, ha reclamado las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas.
La juez de Instrucción número 6 pide además a la representación legal del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y al exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido --actual alcalde de Sevilla-- el plan promovido por el Gobierno central en 2002 "para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza", mientras que también pide datos de 796 prejubilados en distintos ERE de empresas mineras andaluzas.
En un auto de 51 páginas dictado el 10 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez reclama, igualmente, la "vida laboral" e ingresos percibidos desde la Administración autonómica por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), para la que ha trabajado una hija del expresidente andaluz, vicepresidente segundo del Gobierno, ministro y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves.
Pues bien, a raíz de un escrito presentado por el PP, la juez requiere a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "para que remita copia compulsada de las autorizaciones que consten del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previas a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, y relativas a las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones de euros, centrándose el requerimiento por ahora y sin perjuicio de lo que resulte de la investigación en la Consejería de Empleo" y en una serie de sociedades "recogidas en un desplegable" que se encuentra en posesión de la juez.
Según añade, de este desplegable "se infiere" que las empresas que han recibido cantidades iguales o superiores a 1,2 millones de euros son un total de 21, entre ellas Santana Motor, Altadis, A Novo Comlink, Faja Pirítica de Huelva, Astilleros de Sevilla S.A., Dhul, Delphi, Ebro Puleva, Pickman, Primayor, Promi Forja, Tioxide Europe, Minas de La Herrería o Fundiciones Caetano.
PIDE LAS ACTAS DEL CONSEJO RECTOR DE IFA E IDEA
Asimismo, tras el escrito elevado por el PP y teniendo en cuenta que "la investigación se centra en la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década, ya por la total carencia de procedimiento, ya por la concesión a determinadas personas", la instructora acuerda que se identifique a los directores y secretarios generales de IDEA desde 2007 hasta la actualidad, y que se remita testimonio o copia compulsada de todas las resoluciones dictadas por el director general de la agencia desde el 20 de febrero de 2007 hasta hoy.
Al hilo, solicita que se remita testimonio o copia compulsada de todas las resoluciones dictadas por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de IDEA desde 2001 hasta el 20 de febrero de 2007, y, por último, interesa que se remitan testimonio o copia "íntegra" y compulsada de las actas del Consejo Rector del IFA y de IDEA desde 2001 hasta la actualidad, una diligencia "que se requiere con la intención de profundizar en la nueva línea de investigación iniciada en virtud del auto de 28 de octubre de 2011".
Añade que, en el referido auto, "se ponía de manifiesto la existencia de un determinado grupo de empresas a las que se había favorecido indiciariamente de manera ilícita, con numerosas subvenciones", así como "la posibilidad de que dicha concesión ilegal se hubiera extendido a otras empresas o grupos de empresas hasta ahora desconocidas", motivo por el que se pidió a la Administración autonómica "para que informara si otras empresas de manera significativa habían recibido de otras consejerías otras subvenciones distintas de las de la Consejería de Empleo".
DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
En esta línea, la juez hace referencia al escrito presentado por la Junta el pasado día 28 de octubre, en el cual, según ha avanzado este mismo martes la consejera de Presidencia, Mar Moreno, se incluye un informe detallado "denunciando la presunta trama de empresas vinculadas", que podría afectar a 18 empresas y a siete personas que aparecen reiteradamente en dichas empresas y que tendría un volumen de en torno a los 20 millones de euros, en referencia a la posible cuantificación del fraude.
Sobre este particular, la juez explica que en el escrito "se hace un detallado estudio de las ayudas públicas concedidas al grupo empresarial liderado" por José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, cuyas empresas --como Matadero Sierra Morena o Arcadia Emprendedora S.L.-- habrían recibido 13.757.483 euros en ayudas. La Junta, agrega, "amplía incluso el número de empresas favorecidas, conteniendo asimismo una exposición sistemática del procedimiento, o en estos casos, ausencia del mismo para el otorgamiento de dichas ayudas".
"Ante la posibilidad de que puedan existir otros grupos empresariales, hasta ahora desconocidos, que se hayan aprovechado ilícitamente de estas ayudas, el requerimiento contenido en el auto de 28 de octubre debe hacerse extensivo a la Dirección General de Fondos Europeos, actualmente dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a fin de que presten la colaboración necesaria para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos", asevera.
De otro lado, la juez cita una entrevista al exdirector general de Minas de Río Tinto "en la que se pone de manifiesto que intencionadamente en los ERE o en las ayudas sociolaborales de las minas andaluzas se produjo con conocimiento de todas las partes implicadas un aumento de los coeficientes reductores por penosidad a fin de disminuir la edad de prejubilación", y en virtud de ello libra oficio a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Huelva y a la Dirección General de dicho organismo "para que dé la relación de 796 trabajadores" prejubilados en distintos ERE de una serie de empresas mineras como Minas de Riontinto o Nueva Tharsis. DOS NUEVOS IMPUTADOS
Por ello, requiere para que de forma "urgente" la Compañía Generali Seguros "remita las condiciones generales, particulares, boletines individuales y suplementos" de hasta ocho pólizas en las que las entidades tomadoras son la Faja Pirítica de Huelva --en cinco de ellas--; la asociación Faja Pirítica de Huelva --en otras dos-- y UGT, en una sola.
En esta línea, requiere a la representación legal de Antonio Sanz y de Juan Ignacio Zoido, "como representantes del PP en Andalucía", para que aporten al Juzgado "a la mayor brevedad" el 'Plan único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza (provincias de Huelva y Sevilla)', "plan único del que se desconocen más datos, a pesar de la búsqueda que del mismo se ha efectuado en varias bases de datos", y que "fue suscrito en la etapa en la que el PP ostentaba el Gobierno de la nación". "De igual manera y a iguales fines", la juez requiere en el mismo sentido a la representación procesal de la Junta.
Tras pedir a la Junta que informe sobre las fechas del cierre efectivo de siete empresas mineras, la juez imputa al exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón "como beneficiarios de una póliza suscrita con La Estrella para dar cobertura a las ayudas sociolaborales concedidas a los extrabajadores de Calderinox", en las que "el tomador es CCOO" y todo ello a pesar de que "ninguno de los dos había trabajado nunca para dicha empresa".
