En abril de 2009, 39 médicos del único hospital de Ibiza dejaron sus puestos de trabajo ante la imposición del gobierno balear de demostrar un adecuado conocimiento del catalán o aprenderlo en tres años. En Cataluña hay quien asegura que la normativa atenta contra el derecho a la educación en la lengua materna, es decir, en español. La emisora pública Cataluña Radio despidió a la escritora de origen uruguayo Cristina Peri Rossi por realizar sus intervenciones en castellano.
Son tres de los ejemplos que recoge el informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y que publica en su edición de hoy el diario El Mundo.
El informe recuerda que la ley española prohibe la discriminación por razones de idioma y reconoce que generalmente el Gobierno se esfuerza por evitar este tipo de conductas, pero denuncia la política linguística de los gobiernos catalán y balear y considera, a tenor los ejemplos citados, en ambas comunidades se produce discriminación por motivos de lengua. En el caso de Baleares en los hospitales, y en Cataluña, en las escuelas. El informe destaca además que el Defensor del Pueblo recibió en el año 2007 aproximadamente un centenar de reclamaciones contra su política lingüística.
