Don Juan Carlos y Doña Sofía tendrán el título de reyes tras la abdicación

  • Santamaría no pone fecha al aforamiento que espera sume un apoyo similar a la ley de abdicación

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el tratamiento y los títulos que corresponden a Don Juan Carlos y a Doña Sofía una vez que se haga efectiva la abdicación y que les otorga el título de reyes tras la proclamación de Felipe VI.

Según ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el real decreto modifica uno anterior del año 1987 sobre Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los Regentes "siguiendo los precedentes históricos y las costumbres de otras monarquías".

Don Juan Carlos y Doña Sofía ostentarán vitaliciamente el título de rey y reina con tratamiento de majestad y honores análogos a los del heredero a la Corona y su consorte. En cuanto al orden protocolario, les corresponderá el inmediatamente posterior a los descendientes de Felipe VI.

El real decreto entrará en vigor una vez lo haga la ley de abdicación para que el próximo día 19 en la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo rey de España "esté todo perfectamente organizado", según ha avanzado la vicepresidenta.

SANTAMARÍA NO PONE FECHA AL AFORAMIENTO

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha aclarado cuándo ni cómo se regulará el aforamiento de Don Juan Carlos una vez que se haga efectiva su abdicación, aunque ha adelantado que el Ejecutivo quiere que reúna en las Cortes Generales un consenso similar al que logró la ley de abdicación.

El Consejo de Ministros no ha abordado el asunto del aforamiento pese a que es un tema "estudiado y analizado" por parte del Gobierno, según ha explicado Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha insistido en la oportunidad de esta regulación porque "no parece que tenga mucho sentido" que Don Juan Carlos quede sin protección cuando sí tienen diversas formas de aforamiento "diversas instituciones hasta escalones bastante medianos de sus titulares".

Sin embargo, ha justificado no haber tratado el tema hasta ahora dado el secreto que había en torno a la decisión de Don Juan Carlos de renunciar al trono. "En marzo me hubieran preguntado por qué se regulaba el aforamiento de un rey abdicado si el rey no había abdicado", ha sostenido aludiendo a la "discreción" que ha presidido este proceso.

Según ha recordado, el Gobierno sí que incluyó hace meses en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial el aforamiento ante el Tribunal Supremo de la Reina y los Príncipes de Asturias, pero no se incluyó la figura de un rey abdicado porque "en aquel momento no existía ninguna persona en esa situación".

"Hubiera sido tanto como contar que se iba a producir, y había que hacerlo de una manera ordenada como estamos haciendo", ha defendido.

Sáenz de Santamaría tampoco ha adelantado qué tipo de aforamiento recibirá en este caso Don Juan Carlos ni qué fórmula utilizará el Gobierno para aprobarlo, a través de una ley orgánica propia o utilizando una ya en tramitación.

Y aunque el Gobierno no prevé que este proceso se dilate en el tiempo, ha insistido en que la inviolabilidad del rey que contempla la Constitución le protege mientras es monarca y después de serlo "por los hechos que hubieran tenido lugar durante su reinado".

ACUERDO EN LAS CORTES

Antes de abordar este asunto, el Ejecutivo quiere que finalice su trámite parlamentario la ley de abdicación, que aún debe recibir el visto bueno del Senado el próximo día 17, publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ser ratificada por Don Juan Carlos.

Después, la vicepresidenta ha explicado que se abordará el aforamiento con todos los grupos parlamentarios para conocer su postura al respecto, además de tener en cuenta las aportaciones del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que el Gobierno "valora y está analizado".

Santamaría ha aludido al "intenso" trabajo que se ha llevado a cabo durante los últimos días sobre la ley de abdicación, ha aprovechado para agradecer la "colaboración" de los grupos parlamentarios, y ha manifestado su voluntad de mantener esa postura de "diálogo, lealtad y comunicación".