Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 85 personas en Madrid, Andalucía y Valencia acusadas de expoliar yacimientos arqueológicos, blanquear capitales mediante el tráfico ilícito de oro, y se han intervenido más de 120 kilos de oro y plata, 900.000 euros en efectivo, maquinaria para fundición de metal, 7 armas de fuego así como bloqueado un centenar de cuentas bancarias, según ha informado Interior.
El núcleo fundamental de la organización se encontraba asentado principalmente en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, desde donde sus miembros operaban en los diferentes procesos relacionados con esta modalidad delictiva -prospección, extracción, manipulación y tráfico de los bienes extraídos de forma ilícita-, aunque también operaban en otras Comunidades como Madrid y Valencia.
Una vez extraídas las piezas de los distintos yacimientos, los expoliadores de campo las entregaban a los responsables de su catalogación, limpieza y restauración, quienes asignaban un posible valor de venta, ofertándolas tanto en subastas privadas como on-line a través de Internet. También se llevaba a cabo la venta directa a coleccionistas que podrían ser considerados como clientes habituales.
Según Interior, muchas de las obras que ofrecían a los compradores eran originales y estaban conseguidas en excavaciones de los yacimientos arqueológicos que expoliaban. Sin embargo, en otras ocasiones se trataba de imitaciones debido a que disponían de falsificadores expertos que conseguían restaurar piezas "sumamente deterioradas" y darles apariencia de auténticas.
Incluso, a través de una pieza original hacían una cantidad importante de copias con máquinas de alta precisión, envejeciéndolas mediante procesos químicos y físicos, con lo que lograban crear confusión en cualquier especialista en cuanto a la determinación de su autenticidad o falsedad.
Entre las piezas se encuentran puntas de flecha, monedas romanas y medievales, fíbulas de origen romano, pendientes y hebillas visigodas, hachas de piedra pulimentada, estelas con inscripciones en árabe, columnarios, exvotos, etc. Asimismo, se han recogido diversas máquinas y herramientas, entre ellas dieciocho detectores de metales, utilizadas para la comisión de los delitos, y gran cantidad de documentación y material informático, utilizado por los autores para planificar los expolios llevados a cabo.
TRAFICO DE ORO
La conexión del principal responsable en la comisión de delitos contra el patrimonio histórico --implicado tanto de forma directa en expolio de yacimientos en Andalucía como en la receptación de piezas expoliadas por terceros o intermediarios para su ulterior comercialización por diferentes medios-- con el comercio ilícito de oro, se producía mediante la reiterada adquisición de joyas que le suministraba una familia de la localidad de La Carolina (Jaén), cuyo responsable era el cabeza de familia.
El oro adquirido por este clan familiar era vendido a un nivel superior en el que se hallaba otro de los detenidos. Este controlaba, además, a diversos grupos de proveedores, joyeros y casas de compraventa de oro, que en muchos casos incumplían la normativa respecto a la obligación de registro de las piezas en el libro preceptivo.
Posteriormente, por medio de diversos individuos, lo vendía bien en forma de chatarra o laminado, sin reunir la pureza exigible, ni marca ni sello de contraste alguno; o bien burda y clandestinamente fundido a otras personas situadas en niveles superiores. Los investigadores han constatado numerosos movimientos de importantes cantidades de oro y dinero desde Andalucía a Madrid, que era transportado por tren o por carretera.
El grupo contaba con diversas sociedades, de las que algunos de los detenidos son administradores, además de constituir otras a cuyo frente figuraban testaferros con el objeto de diversificar la facturación y eludir la carga impositiva. Como norma general, las compras de oro se hacían en efectivo, para luego realizar facturas de la manera más conveniente y así eludir el pago de impuestos.
Posteriormente, el metal se fundía ilegalmente en fundiciones clandestinas y se confeccionaban facturas a la carta para conferir apariencia de legalidad a las operaciones de tráfico. Los detenidos operaban con elevadas sumas de dinero sin que se declarasen las operaciones, incurriendo en presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales cuya investigación continúa por parte de la Brigada de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial. El oro una vez fundido se enviaba a Alemania, Turquía, Italia y Suiza donde se refinaba, volviendo posteriormente a España para su introducción en el mercado legal.
