Cartel con los rostros de Txiki y Otaegi | EUROPA PRESS
(Actualizado

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha documentado 33 actos de apoyo a ETA "directamente vinculados a las fiestas populares" de distintas localidades del País Vasco y Navarra durante este verano.

De ello, 26 han contado "con respaldo, cobertura o permisividad activa de las instituciones públicas, principalmente de ayuntamientos, mediante su inclusión en programas oficiales de fiestas, su celebración en espacios municipales o la exhibición de símbolos de apoyo a miembros de ETA en edificios públicos", según ha denunciado su presidenta, Consuelo Ordóñez.

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Asimismo, ha indicado que han registrado "un total de 77 casos de legitimación del terrorismo de ETA y de apoyo a sus celebraciones populares". Entre ellos, ha citado "figuran manifestaciones y concentraciones para reclamar la excarcelación de los presos de ETA, comidas y brindis en su apoyo" en los que "se les presenta como presos políticos o personas injustamente represaliadas".

Ordoñez ha señalado que "el mensaje que se difunde es que quienes asesinaron, hirieron, secuestraron, extorsionaron y amenazaron durante décadas fueron víctimas de una injusticia y no responsables de gravísimos delitos de terrorismo".

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Entre los casos recogidos, ha puesto de ejemplo las hogueras de San Juan en Irun (Guipuzkoa), durante las que "se quemó una maqueta de la cárcel de Martutene al grito de '¡Destrozad las cárceles!'.

A ello ha añadido que "en Azpeitia (Gipuzkoa) el programa oficial de fiestas incluyó una concentración para reclamar la excarcelación de los presos de ETA, proclamas en su apoyo y la promoción de un acto en favor de Gotzon Aramburu".

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Para la presidenta de Covite, "una campaña de concienciación resulta completamente vacía cuando hay ayuntamientos que, al mismo tiempo, incluyen en sus programas oficiales manifestaciones, comidas y brindis para reclamar la impunidad de los terroristas".

Por ello, le ha reprochado al Gobierno vasco que "continúe sin aprobar el régimen sancionador administrativo propuesto por las asociaciones de víctimas del terrorismo, destinado a perseguir las manifestaciones públicas de exaltación de ETA y de humillación a sus víctimas".