El Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios al número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas. Las multas son de dos diferentes cuantías y, así, se imponen 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; y se castiga con 6.000 euros a los quince síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat.
Los síndicos nombrados por el Parlament y que pretendían actuar como junta electoral central son Mar Marsal, Marta Alsina, Josep Pagés, Jordi Matas y Tania Verge. Ellos nombraron a los quince territoriales.
Las sanciones son, en todos los casos, provisionales, en el sentido de que buscan imponer el cumplimiento de la sentencias del Tribunal Constitucional y se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten.
La decisión del pleno del alto tribunal ha sido adoptada por unanimidad tras un largo debate que ha terminado por sumar a la decisión mayoritaria, aunque con votos diferenciados concurrentes, a tres magistrados progresistas.
Así, por primera vez, el alto tribunal aplica la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos. Los magistrados se habían mostrado hasta ahora remisos a asumir un papel sancionador previsto en esa reforma legislativa, que fue muy cuestionada.
En especial los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re, quienes votaron en contra de la reforma cuando fue sometida al criterio del Tribunal Constitucional. La excepcionalidad de la situación presente parece haberles llevado a modificar su postura, aunque por razones jurídicas diferentes a las de sus colegas.
El Gobierno de Mariano Rajoy reaccionó contra las resoluciones del Parlament vinculadas al referéndum impugnándolas ante el Constitucional, entre ellas la resolución de la Cámara catalana que nombró a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central y a los de las provincias.
El Constitucional admitió a trámite esos recursos y automáticamente suspendió los nombramientos y las leyes de convocatoria y transitoriedad.
Sin embargo, a juicio del ejecutivo los responsables directos de la organización del referéndum han seguido actuando como tales en apoyo de la convocatoria. Y para que cesen en su actividad el abogado del Estado pedía sanciones al Tribunal Constitucional.
En respuesta a esa petición, y por primera vez en su historia, el Tribunal Constitucional ha decidido imponer una multa a los responsables del referéndum con la intención de que acaten sus fallos. Antes de hacerlo, el Constitucional ha rechazado la recusación que los síndicos presentaron ante él.
