La Mesa del Congreso ha acordado hoy con el voto en contra del PP, rechazar el veto acordado por el Gobierno a la tramitación de la proposición de ley que pide la suspensión del calendario de la LOMCE, iniciativa que seguirá su normal tramitación en la Cámara Baja, han informado fuentes parlamentarias.
El Gobierno vetó el pasado viernes la tramitación de diez proposiciones de ley presentadas por los grupos políticos y por varias asambleas de las comunidades autónomas en aplicación de su prerrogativa constitucional de rechazar aquellas iniciativas que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.
Además de la suspensión de la LOMCE, la Mesa del Congreso ha rechazado también el veto del Ejecutivo a una proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores.
Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que hasta ahora no había usado esa capacidad de veto, se pronunció en concreto contra cinco proposiciones de ley del PSOE (paralización de la LOMCE, trabajadores subcontratados, supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria), una de Ciudadanos (sobre autoconsumo eléctrico) y cuatro de parlamentos autonómicos (una de Murcia sobre autoconsumo energético, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores).
Cada una de estas proposiciones de ley ha sido objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de 5.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.
