La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la jueza que diera indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.
Colau ha declarado como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación a raíz de la querella que presentó contra ella el fondo de inversión Vauras, que mantiene que el ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.
En una breve declaración, Colau, que se ha negado a responder a las preguntas de Vauras, ha aducido que poco después de acceder a la alcaldía delegó sus funciones sobre concesión de licencias en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los procesos sancionadores ni en los expedientes de obras relacionados con el fondo de inversión.
Colau ha negado haberse reunido con los propietarios del bloque y ha afirmado que ni siquiera los conoce personalmente, y a preguntas de la fiscal también ha descartado haber dado indicaciones a los Mossos d'Esquadra a través del entonces conseller Miquel Buch para entorpecer el desahucio del Bloc Llavors, como insinuaba el fondo en la querella que inició la causa.
En el mismo sentido, ha negado que diera indicaciones concretas a los Servicios Sociales para intervenir en el procedimiento y ha señalado que durante su mandato sí se ha reforzado este servicio con más medios materiales y personales.
El consistorio abrió seis expedientes sancionadores a Vauras --con multas de en total 400.000 euros-- por no dar en alquiler social pisos de su propiedad a pesar de ser un gran tenedor, y Colau ha subrayado que ella no intervino en estos procedimientos.
Ha recordado que los expedientes sancionadores los hizo el Institut Municipal d'Habitatge a propuesta de los servicios jurídicos.
CAUSA REABIERTA
La declaración de Colau llega después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la causa --la instructora ya la había cerrado pero Vauras lo recurrió-- y su defensa prevé pedir archivarla de nuevo una vez se hayan practicado todas las diligencias de investigación.
Por ahora no hay más declaraciones señaladas y su defensa prevé que no se agenden más hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo.
Por su parte, los concejales Serra y Martín declararon el viernes ante la jueza: también negaron coacciones al fondo y afirmaron que representantes de Vauras pidieron al consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables pisos del Bloc Llavors.
