El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha dicho hoy que "si alguien ha metido la mano" -en relación a las ayudas a trabajadores afectados por ERE de empresas en crisis en Andalucía- "si alguien ha incumplido las leyes o ha cometido un delito, que todo el peso de la Justicia caiga sobre él, sea quien sea". Chaves respondía así en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PP Fátima Báñez sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía cuando éste era presidente. Chaves pasará a la historia como "el presidente del paro, de la subvención a familiares y del reparto a dedo de prejubilaciones entre compañeros socialistas" por lo que le emplazaba a "tener la decencia de dimitir".
El vicepresidente ha afirmado que la Junta de Andalucía "ni tapa, ni oculta" y ha calificado de "infamia" las acusaciones del PP, al tiempo que ha asegurado que fue su Gobierno, cuando era presidente de la Junta, fue el que llevó ante la Fiscalía "los indicios de irregularidades que dieron lugar a la investigación judicial". La Junta que está "investigando y colaborando" con la Justicia, su "conducta es intachable", asegura Chaves.
Por su parte, la diputada del PP ha considerado que Chaves se esconde tras el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para no dar explicaciones ante la Cámara y ha asegurado que siendo presidente de la Junta "Chaves permitió que transfiriera los fondos sociales de los ERE, los fondos de solidaridad, a una empresa opaca para evitar todos los controles". A juicio de la diputada, "eso fue la llave que abrió la caja de los reptiles de la Junta de Andalucía", donde "metieron la mano compañeros socialistas y se repartieron a su antojo 700 millones de euros del fondo de la solidaridad con prejubilaciones a dedo".
Asimismo el diputado popular Ricardo Tarno también ha criticado que el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, no haya comparecido para explicar "por qué el ex ministro socialista Carlos Solchaga ha cobrado una comisión de 461.000 euros por gestionar una subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja una hija de Manuel Chaves".
El vicepresidente Chaves ha calificado de calumnia que el PP pueda decir que hay 700 millones de euros destinados a socialistas o a sus familiares y ha asegurado que las ayudas de la Junta de Andalucía destinadas a los ERE son "completamente legales".
VALERIANO GÓMEZ: LA COMPETENCIA EXCLUSIVA ES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Tambien en la sesión de control, los diputados del PP Ricardo Tarno y José Manuel Moreno han planteado preguntas en el mismo sentido al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para conocer los controles de inspección aplicados por este Ministerio sobre los ERE y restablecer así la legalidad.
El ministro Valeriano Gómez ha sido tajante y ha respondido a ambos diputados que no compete a su departamento inspeccionar las irregularidades en los ERE de la Junta de Andalucía y ha subrayado que esta competencia "corresponde, en exclusiva, a la autoridad laboral andaluza".
El titular de Trabajo ha explicado que en este asunto la intervención de la Administración General del Estado se limita a "determinar si procede o no el pago de prestaciones por desempleo y a determinar si hay, en el caso de que algún trabajador lo solicite, algún tipo de convenio especial con la seguridad social". Gómez ha insistido en que la actuación de su Ministerio en estos dos apartados ha sido "rigurosa y estricta", y ha aplicado todos los controles necesarios. Gómez
ha pedido al diputado Tarno que no intente retraer responsabilidades al ámbito del Ministerio "porque no lo son, ni lo pueden ser, en ninguna medida".
JAVIER ARENAS CONVENCIDO DE QUE LA JUNTA NO ESTÁ INVESTIGANDO
Mientras, desde Sevilla, el presidente del PP de Andalucia, Javier Arenas, se mostraba convencido de que la Junta de Andalucía no está impulsando "ningún proceso de investigación" en relación a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por el Gobierno andaluz, sino que, muy al contrario, "ha tratado de impedir por todos los medios que se investigue". En una entrevista en Canal Sur Radio, Arenas ha destacado que la Junta mantuvo en el cargo al ex delegado de Empleo de Sevilla imputado por el caso Mercasevilla, Antonio Rivas, "sin hacer absolutamente nada" y que el propio PSOE "ha recusado a la juez que lleva el caso". Ademas, a estas alturas, señala Arenas, todavía no ha aparecido en este asunto la Fiscalía Anticorrupción, "que tan activa está en otros procesos".
El presidente del PP andaluz considera que "hay una clarísima responsabilidad política de por parte de Chaves, quien era presidente de la Junta entonces, y también de Griñán" que era entonces consejero de Economía y Hacienda y "conoció directamente informes de la Intervención de Hacienda de los años 2005, 2006 y 2007, sin que procediera a ninguna modificación".
Javier Arenas pedía que "si no hay nada que tapar, pues que se celebre una comisión de investigación en el Parlamento" y agregaba "sabemos que se han encontrado 37 nuevas irregularidades pero no sabemos ni dónde, ni cómo, ni quiénes son", ha apostillado Arenas, que pronosticaba que "con toda claridad que esa cifra se va a superar".
