La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de países del este europeo. Las jóvenes estaban obligadas a permanecer al menos veintiún días en los burdeles asignados, donde vivían hacinadas juntos a otras compañeras, incluso compartiendo entre tres el mismo sofá para dormir, y "disponibles" 24 horas al día.
La operación policial ha impedido la apertura de dos nuevos prostíbulos en Madrid y en Barcelona. Además ha permitido la detención de once personas relacionadas con el entramado, entre ella la cabecilla en España, una mujer de nacionalidad ucraniana.
La investigación se inició en junio de 2009 a partir de informaciones facilitadas por las autoridades rusas a través de los canales habituales de cooperación policial internacional. Los agentes rusos informaron de la existencia de una organización transnacional dedicada al tráfico de mujeres para explotarlas sexualmente en España, concretamente en Tenerife.
DE TENERIFE A CATALUÑA
Las primeras pesquisas realizadas por los agentes españoles determinaron que no actuaban únicamente en esta isla y que el grupo extendía su actividad delictiva a las provincias de Barcelona y Tarragona. La organización investigada contaba con una estructura diferenciada compuesta por varias secciones. Disponían de un aparato de captación de nuevas víctimas con sede en los países de origen de las mujeres traficadas, otra rama se encargaba del transporte y por
último otros operaban en el sector dedicado a la explotación directa de las jóvenes en burdeles repartidos por toda España.
La organización en nuestro país estaba liderada por una ciudadana ucraniana residente en Tenerife, quien además de supervisar directamente los prostíbulos, ejercía de enlace con los miembros de la red establecidos en el extranjero encargados de captar a las chicas en sus países de origen.
Además, la máxima responsable, que actuaba bajo distintos alias y evitaba aparecer en cualquier tipo de documento para eludir posibles actuaciones policiales, contaba con la colaboración de ciudadanos de nacionalidad rusa y bielorrusa, afincados en diferentes localidades de la provincia de Tenerife y Barcelona, para la gestión y control de pisos-prostíbulos. También contaba con el apoyo de otra mujer en Madrid que no pudo poner en funcionamiento un nuevo burdel en la capital gracias a la intervención policial.
Cada prostíbulo controlado por la organización contaba al menos con la presencia de una "mami" o encargada. Estas mujeres eran las responsables de facilitar información a los clientes sobre las jóvenes disponibles en cada momento, negociar las condiciones de los servicios sexuales y efectuar el cobro.
Bajo su mando, en un escalón jerárquico inferior dentro de la organización, tenían a varios "matones" con funciones de seguridad en los locales, encargados igualmente de los traslados. Las mujeres explotadas debían permanecer un mínimo de 21 días en los prostíbulos, período de tiempo al que denominan "plaza", percibiendo "la casa" al menos la mitad de las ganancias generadas en el ejercicio de la prostitución. Las condiciones de explotación sexual impuestas resultaban especialmente penosas.
HASTA TRES MUJERES DURMIENDO EN EL MISMO SOFA
Las víctimas, que estaban alojadas en situación de hacinamiento (en algunos casos dormían hasta tres mujeres en un mismo sofá), eran obligadas a trabajar en jornadas maratonianas, con una completa disponibilidad de 24 horas al día. En uno de los prostíbulos que regentaban, el importe de cada servicio sexual se repartía al 50% entre la organización y las mujeres, a las que además cobraban aparte diez euros diarios en concepto de manutención y alojamiento, así como otras sanciones económicas o "multas" si se desviaban de las normas impuestas.
La red empleaba un singular método para extender su ámbito de actuación a otras provincias españolas. Consistía en "promocionar" a las víctimas para que ocuparan estatus superiores dentro de la estructura organizativa. Primero las mujeres eran explotadas por la organización y una vez demostrada su lealtad, podían pasar a ser encargadas en los prostíbulos.
Posteriormente y tras un periodo de prueba, se las consideraba preparadas para actuar sin supervisión y las enviaban a otras provincias buscando la expansión del negocio. En su nuevo destino ellas mismas debían seleccionar un inmueble apto para establecerse, generalmente en pisos bajos de fácil acceso y con escasos vecinos.
La investigación se ha saldado con la detención de once personas. Se han practicado tres registros, uno en Santa Cruz de Tenerife y dos en Barcelona, en los que se han intervenido 3.425 euros en efectivo, ordenadores, teléfonos móviles y abundante documentación.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo IV de UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Grupo I de la UCRIF de Barcelona y las UCRIF de Tenerife y Tarragona.
