Comisiones Obreras ha pagado las nóminas de varios de sus dirigentes con dinero destinado para la formación de parados. Según los documentos destapados hoy, a los que hace referencia el diario "El Mundo", el sindicato de Ignacio Fernández Toxo habría destinado fondos de la Junta de Andalucía para los sueldos de 25 sindicalistas cuya actividad nada tiene que ver con los cursos que el sindicato imparte a los despempleados.
Según publica este lunes el diario El Mundo la estructura andaluza de CCOO habría destinado ayudas autonómicas de la Junta de Andalucía destinadas a la formación de parados a sufragar sus gastos corrientes, entre ellos los sueldos de 25 sindicalistas cuya actividad nada tiene que ver con los cursos que el sindicato imparte a los despempleados.
Desde CC.OO de Andalucía se sostiene que las subvenciones percibidas a través del FOREM se han gastado "100% para la formación".
El portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, ha recordado este lunes el compromiso de la federación de izquierdas con la "transparencia" en la gestión de los fondos públicos, ante este supuesto desvío de subvenciones autonómicas en el que habría incurrido CCOO-A para afrontar sus gastos corrientes. Centella se ha limitado a señalar que "siempre tiene que haber transparencia en la gestión de los fondos públicos", ha dicho señalando que la Justicia tendrá que "actuar" en el caso de que se "confirmase" la información publicada.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este lunes que no se utilice un posible mal uso de fondos públicos para "erosionar" el modelo de convivencia y de concertación construido con los agentes sociales y económicos de la comunidad durante más de 30 años.
Preguntada al reespecto, Díaz ha señalado que los recursos deben gastarse en lo que van dirigidos y "si hubiera algún tipo de penalidad", ha advertido de que "la Junta actuará con todos los instrumentos desde la justicia".
Más contundente ha sido el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, que ha criticado este lunes el "silencio cómplice" de la Junta ante el uso de dinero público por parte de UGT y CCOO y ha atribuido esta actitud a que "no le interesa en absoluto saber en qué se gasta" porque ambos sindicatos son "instrumentos fundamentales en el funcionamiento del régimen socialista andaluz".
Sanz se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Cope, en la que se ha mostrado "sorprendido" de que la Junta, despues de ello, mantenga intacta la partida que va a los sindicatos.
"Da la impresión de que la Junta mira para otro lado a la hora de dar el dinero público a los sindicatos porque no le interesa en absoluto saber en qué se gasta", ha señalado el 'número dos' del PP-A, que ha apuntado que el "silencio cómplice" de la Junta "hace pensar muchas cosas porque que UGT y CCOO son dos instrumentos fundamentales en el funcionamiento del régimen socialista andaluz".
LA JUEZ ALAYA IMPONE UNA FIANZA DE 593.306 EUROS A ENRIQUE MANUEL JIMENEZ, DIRIGENTE DE CC.OO DE ANDALUCÍA
Por otra parte, la juez Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros al actual secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, todo ello en un auto en el que declara responsable subsidiario a la Federación de Industria del sindicato.
En un auto la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asevera que, a raíz de la declaración judicial del imputado, "se ha puesto de manifiesto su participación activa" en la concesión de ayudas del expediente de Calderinox. Así, "sería partícipe" a través de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de aplicación de ayudas sociolaborales a los trabajadores de Calderinox, medidas que consistían, "por una parte, en una percepción económica, debido a que se adeudaban nóminas, y por otra parte en un plan de jubilación para los trabajadores de mayor edad".
Estos compromisos, según la juez, "fueron adquiridos" por el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y por el director general de Trabajo en esa fecha, Francisco Javier Guerrero, a lo que se suma que el dirigente de CCOO-A "insistió" al posterior director de Trabajo, Juan Márquez, "para que las ayudas sociolaborales prometidas se ejecutaran".
Añade que, el 29 de diciembre de 2009, la Federación de Industria de CCOO-A, en la persona del imputado, aceptó la concesión de una ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor" de nueve extrabajadores de Calderinox, formalizándose una póliza "a la que se añadieron dos suplementos para incluir a dos 'intrusos', como son Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, quienes "nunca habían trabajado" en la empresa.
La juez asevera que la inclusión de estos dos 'intrusos' en la póliza, que supuso un coste de 208.901,81 euros, "era perfectamente conocida" por el imputado, quien aportó una carta de 21 de diciembre de 2009 dirigida a Juan Márquez "donde se hace referencia a un acuerdo con la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla para la inclusión" de uno de los 'intrusos' "pese a saber que éste no había trabajado nunca en Calderinox".
El imputado "fue conocedor y participó en las negociaciones referentes a la ayuda excepcional y a la ayuda sociolaboral concedidas a esta empresa, que fueron tramitadas y concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", dice la instructora, que argumenta que la fianza civil impuesta "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta".
Así, la juez fija la fianza teniendo en cuenta que la Junta llegó a abonar 444.980,22 euros por las ayudas descritas, cantidad a la que suma el tercio legal, haciendo un total de 593.306,96 euros.
La juez imputó a Enrique Manuel Jiménez en su comparecencia del pasado día 24 de octubre tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
