El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha intentado que la aseguradora de Caja Madrid, Mapfre, cubra la fianza de 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el uso de las tarjetas B opacas al fisco que le impuso el pasado jueves el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, han informado fuentes jurídicas.
El banquero presentó un escrito el pasado viernes formalizando esta socilitud y reclamando al Juzgado Central de Instrucción número 4 que se dirigiera a la aseguradora para formalizar el pago de la millonaria cantidad.
El juez Andreu ha rechazado en una providencia hecha pública este lunes su petición. El magistrado confirma que Blesa dispone de un plazo que expira el próximo miércoles para hacer efectiva la fianza y recuerda que, en el caso de que el dinero no sea depositado, procederá al embargo de sus bienes.
Fuentes cercanas al expresidente de la caja madrileña adelantaron la pasada semana que Blesa no podrá hacer frente a la fianza y asumirá, por tanto, el embargo de su patrimonio. Precisaron que no tiene capacidad económica suficiente para afrontar el abono.
Blesa sí que pudo atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión en mayo de 2013.Además, el banquero tiene previsto recurrir en cinco días la fianza acordada por el juez Andreu, aunque la presentación de este escrito no paraliza el plazo del que dispone para hacer efectiva la caución, que vence el próximo miércoles.
PRESENTARA RECURSO
Andreu dio un plazo de cinco días para el depósito de las respectivas fianzas a Blesa y al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a quien exigió tres millones de euros. En caso de que no las paguen, el magistrado llevará a cabo una averiguación patrimonial y requerirá al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria un listado sobre sus bienes.
El procedimiento habitual a seguir por los juzgados en caso de embargo es proceder a una averiguación patrimonial, solicitando a los organismos citados la localización de sus bienes con el objeto de elaborar un listado que incluya conceptos como salarios, pisos, vehículos o acciones. Tras ello, se librará un oficio para proceder a su embargo comenzando por aquellos con mayor liquidez, como cuentas y acciones.
En el caso de los pisos, se pedirá una nota simple al Registro de la Propiedad para comprobar si tiene cargas y un perito tasará la vivienda. Si los afectados aportan sus propios peritajes, estos se contrastarán con los ordenados por el juez.
Las fianzas, que fueron impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.
Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en la caja madrileña (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.
DIRECTIVOS QUE COBRARON DIETA Y RETRIBUCIÓN INCUMPLIERON LA LEY DE CAJAS
Los consejeros y directivos de Caja Madrid que fueron titulares de tarjetas opacas incumplieron la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid de 2003 si percibieron dietas por asistencia y desplazamiento además de una retribución.
Lo ha dicho en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, tras presentar la campaña de inspección en establecimientos de compraventa de oro durante el primer semestre de 2014, en la que ha recordado que actualmente en la Comunidad de Madrid "no existe ninguna caja de ahorros" dado que la supervisión y el régimen sancionador a Bankia corresponde al Banco de España.
Ossorio ha explicado que la Ley regional de Cajas de Ahorro del año 2003 establece que los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la entidad "pueden cobrar o bien una dieta de asistencia y desplazamiento, o bien, en el caso de que la Caja se lo ofreciera, una retribución".
Según esta Ley, el cobro de la dieta por asistencia y desplazamiento respecto al cobro de una retribución resulta "incompatible", por lo que Caja Madrid tendría que haber optado entre una cosa u otra pues ambas -ha reiterado- "no se podían percibir".
En base a ello, ha dicho Ossorio, si se acreditara que hubo personas que cobraron la dieta y, además, una retribución "se habría incumplido la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid que lo prohíbe".
Hasta 83 miembros de la cúpula de Caja Madrid pagaron con tarjetas opacas adquisiciones por valor de 15,25 millones de euros desde en joyerías, viajes, grandes almacenes o estancias de lujo en diversos destinos, así como en restaurantes o sacando efectivo en cajeros automáticos entre 1993 y 2012.
