La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que el ayuntamiento ha impuesto 12 sanciones a bancos por mantener pisos vacíos fuera del mercado y ha ampliado las ayudas al alquiler para evitar desahucios.
Ada Colau, que fue impulsora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha presentado hoy el primer paquete de medidas para detener los casi 2.000 desahucios de familias vulnerables que se producen cada año en Barcelona, movilizar las viviendas vacías y recuperar vivienda para destinarla a alquiler social.
Colau ha destacado que la nueva convocatoria de ayudas al alquiler ha cambiado las bases para incluir por primera vez a las familias sin ningún ingreso y que por ello se ha ampliado su partida de 6 a 7 millones de euros e incluirá "una ayuda indirecta para los pequeños propietarios que podrían sufrir el impago de estos alquileres".
El Ayuntamiento de Barcelona calcula que, con este incremento de la partida y la ampliación de los criterios para acogerse a ella -como que se pueda otorgar en el caso de alquileres hasta 800 euros mensuales-, se podrá llegar a las 1.600 familias con dificultades.
Esta es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona financia una convocatoria de ayudas al pago del alquiler, ya que hasta ahora este tipo de ayudas se impulsaba desde la Generalitat, que es la administración competente en esta materia.
La alcaldesa ha recordado que Barcelona tiene "un parque de alquiler social absolutamente insuficiente (1%)", lejos del 15-20% de muchas ciudades europeas, y ha asegurado que "casi el 90% de los desahucios que se producen en la ciudad son por impago del alquiler".
Entre las medidas tomadas por su gobierno para recuperar vivienda para destinarla a alquiler social, la alcaldesa ha explicado que esta semana se han comunicado las 12 primeras sanciones coercitivas, de 5.000 euros, a entidades financieras por mantener viviendas fuera del mercado durante más de dos años, como estipula la Ley catalana de la Vivienda.
Para detectar estas viviendas vacías, el año pasado se cruzaron los datos del catastro y el padrón municipal para identificar aquellas que son propiedad de entidades financieras y comprobar si estaban o no vacías. El nuevo gobierno municipal ha reactivado este procedimiento y actualmente se están incoando 62 expedientes sancionadores.
Otra medida del gobierno de Colau es impulsar una modificación presupuestaria que permitirá destinar una partida de 3,5 millones de euros a la compra y la rehabilitación de viviendas mediante el ejercicio del derecho al tanteo y retracto para destinarlo al alquiler social.
La alcaldesa ha anunciado también que el ayuntamiento ha comunicado a la Generalitat su voluntad de ejercer el derecho a tanteo y retracto sobre 17 viviendas provenientes de procesos de ejecución inmobiliaria y prevé que 7 de ellas pasen a ser de titularidad municipal en el plazo de un mes.
Ada Colau ha destacado que el coste de cada una de estas 7 viviendas no superará, incluida la rehabilitación, los 80.000 euros, muy por debajo de lo que cuesta construir, y además el proceso será más rápido.
En las ruedas de prensa de los grupos municipales, PSC, C's y ERC han coincidido en considerar necesarias pero insuficientes las medidas para hacer frente a la emergencia habitacional anunciadas hoy por la alcaldesa.
Por su parte, CiU, en una nota de prensa, ha considerado que lo que Ada Colau anuncia como medidas urgentes eran medias "ordinarias" en el mandato de Xavier Trias y ha asegurado que el paquete presentado hoy es de "continuidad".
También mediante un comunicado, Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha pedido a la alcaldesa que se "automulte" por los 400 pisos que las administraciones públicas tienen vacíos en Barcelona.
