La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tiene "muchísima confianza" y está "segura" de que empresarios y trabajadores van a "encontrar soluciones en el ámbito de la negociación" para cerrar los convenios colectivos pendientes.
Los convenios en fase de negociación desde hace más de un año, cuando se aprobó la reforma laboral, pueden quedarse a partir de hoy sin efecto, fenómeno que según los sindicatos podría afectar a 1.320 convenios y 1,8 millones de trabajadores.
Báñez ha asegurado que, en el caso de que alguno se quede "bloqueado", los trabajadores "en ningún caso" se quedarán "desprotegidos" porque tienen un convenio de ámbito superior.
Así lo ha afirmado este lunes en Santander la ministra, quien ha señalado que los trabajadores y los empresarios "tienen tiempo de seguir negociando" y cerrando acuerdos a lo largo de hoy y "tienen que hacer el esfuerzo de redoblar esa negociación y cerrar los acuerdos pendientes y, con responsabilidad, tomar decisiones". Además, ha apuntado que este mismo lunes "las partes pueden pactar seguir negociando".
"Por tanto dejemos a las partes que ejerzan con responsabilidad la función constitucional que tienen, que es negociar y pactar las condiciones de empleo del mercado de trabajo", ha reclamado Báñez en declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de inaugurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el curso 'Seguridad Social: un modelo sostenible'.
Cuestionada por el vencimiento este lunes del límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación ('ultraactividad'), la ministra ha opinado que en España se necesita una negociación colectiva "moderna, ágil y adaptada a los tiempos" para hacer que un mercado de trabajo que, según ha apuntado, ya está empezado a traer nuevas inversiones, sea "competitivo".
Concretamente, Báñez ha puesto como ejemplo el sector del automóvil que, "gracias a su responsabilidad y flexibilidad" en la negociación de las condiciones de trabajo, ha conseguido mantenerse en la crisis y está comenzando -ha dicho- a traer nuevos empleos.
Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.
IU: ARMA DE DETRUCCIÓN MASIVA
Sin embargo, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado que estos trabajadores pueden quedarse sin convenio porque el Gobierno "decidió que así fuera" al aprobar la reforma laboral. Por ello, ha emplazado al Ejecutivo a que el viernes prorrogue un año más los convenios pendientes de firma para permitir que los sindicatos y patronal tengan más tiempo para negociar.
Por su parte, IU ha calificado el fin de la ultraactividad de "arma de destrucción masiva" contra los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva.
Según el secretario ejecutivo de Economía y Empleo de IU, José Antonio García Rubio, hoy millones de trabajadores pueden perder los derechos reconocidos en sus convenios porque la reforma laboral "deja manos libres" a los empresarios para "dar un golpe de gracia" a los derechos laborales.
A pesar del fin de la ultraactividad, el secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Gorriz, se ha mostrado optimista porque las negociaciones en distintos sectores "siguen avanzando". Gorriz ha informado de que, entre el 22 de junio y el 7 de julio, se han computado en el Registro de Convenios Oficial 52 convenios, 32 sectoriales y 20 de empresa o grupo, lo que a su juicio son buenas noticias para la negociación colectiva.
No lo ve igual el secretario federal de MCA-UGT, Manuel Fernández "Lito", quien, desde Oviedo, ha subrayado la situación "dramática" a la que se llegará en numerosas empresas que no han renovado sus convenios colectivos, una realidad afectará en mayor medida a los trabajadores de las pymes.
Además, ante la conflictividad que pueda generarse, UGT exigirá al Gobierno que reconsidere la redacción que ha dado al artículo 86.3 del estatuto de los trabajadores, según el cual "la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio".
