La Audiencia de Barcelona ha condenado a 9 años y ocho meses de cárcel al saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet, y a 4 años y cinco meses al extesorero de CDC Daniel Osàcar, y ha ordenado decomisar 6,6 millones de euros al partido por el cobro de "comisiones ilegales" de Ferrovial. En la sentencia, notificada hoy a las partes y que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, la sección décima de la Audiencia de Barcelona considera probado que los condenados crearon un entramado que permitió desviar "comisiones ilegales" de Ferrovial a CDC, a cambio de la adjudicación de obra pública, a través del Palau de la Música.
Por este motivo, el tribunal ha condenado a 4 años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar y ha ordenado el decomiso de 6,6 millones de euros al partido por las "ganancias obtenidas" en el cobro de mordidas de la constructora Ferrovial. El extesorero de CDC ha sido condenado por un delito continuado de tráfico de influencias, uno de blanqueo de capitales, en concurso con uno continuado de falsedad en documento mercantil, y uno de falsedad contable. Por contra, el tribunal ha absuelto por prescripción a los dos exdirectivos de Ferrovial acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.
Al saqueador confeso Fèlix Millet, la Audiencia le ha impuesto una condena de 9 años y ocho meses, por los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Por los mismos delitos, la Audiencia ha impuesto a la mano derecha de Millet, Jordi Montull, una condena de 7 años y seis meses de cárcel.
En su resolución, la sección décima de la Audiencia de Barcelona impone a los dos saqueadores confesos del Palau una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía, que pidió para ellos 14 años y nueve meses y 10 años y diez meses, respectivamente, tras rebajarla de los 27 años que pedía inicialmente una vez que ambos delataron en el juicio a CDC.
La Audiencia de Barcelona condena a la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, hija de Jordi Montull, a cuatro años, seis meses y 22 días de prisión por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La pena impuesta por la Audiencia a Gemma Montull es superior a la que solicitó la Fiscalía -de tres años de cárcel, uno sustituible por una pena de multa, lo que le habría evitado ingresar en prisión-, tras su pacto con la Fiscalía por delatar a CDC. En cambio, Rosa Garicano, exdirectora de la Fundación Palau de la Música, ha quedado absuelta.
El exasesor fiscal del Palau Edmundo Quintana ha sido condenado a la pena de ocho meses de prisión, mientras que otro exasesor del Palau procesado, Santiago Llopart, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión. También ha sido condenado el exsecretario del Patronat de la Fundación Raimon Bergós, al que la Audiencia le ha impuesto dos años de prisión y una multa de 7.500 euros.
Respecto a los responsables de las empresas pantalla que sirvieron para camuflar el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, la Audiencia ha condenado a ocho meses de cárcel al directivo de Altraforma Miguel Giménez Salinas, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, el mismo por el que ha condenado a ocho meses al responsable de Hispart Juan Manuel Parra.
También por falsedad documental han sido condenados a un año y nueve meses, cada uno, los miembros de Mail Rent y Letter Graphic Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz y a Juan Antonio Mechén.
LA AUDIENCIA APUNTA A "ALTOS RESPONSABLES" DE CDC EN EL COBRO DE COMISIONES DEL 4 %
La Audiencia de Barcelona cree probado que el Palau de la Música sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4 % de la constructora Ferrovial a CDC, a cambio de que "altos responsables del partido" no identificados le aseguraran la adjudicación de obras públicas.
La sentencia sostiene que los extesoreros de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, condenado a cuatro años y cinco meses, se convirtieron en la "clave de bóveda en CDC que permitía el entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública".
Según la Audiencia, el "acuerdo criminal" para el pago de comisiones de Ferrovial a CDC "se mantuvo interrumpidamente desde los años 1999 hasta 2009" y requirió que los extesoreros, "por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados", utilizaran su cargo para influir en políticos de la formación que estaban en "la posición administrativa decisoria (a nivel autonómico o local)" para adjudicar obras públicas
ARTUR MAS NO ESPERABA UNA SENTENCIA TAN DURA
El expresidente de la Generalitat y hasta hace unos días presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha admitido hoy que no esperaba una sentencia del caso Palau tan "dura" y ha recalcado que Convergència ya pagó, con su disolución en 2016, "un precio muy alto" por las irregularidades investigadas.
En un comunicado, Mas ha calificado de "muy negativa" la sentencia, que será recurrida por CDC, y ha subrayado que "nunca se han demostrado irregularidades en la manera de adjudicar la obra pública", por lo que ha protestado: "¿Cómo puede ser que se acuse a Osàcar de tráfico de influencias, cuando resulta que no se ha investigado la adjudicación de obra pública a través del Palau de la Música?". "Si tú acusas a alguien de cobrar comisiones es porque crees que se han alterado los contratos de obra pública, y si no analizas estos contratos no lo puedes saber. Y se renunció a investigar la obra pública", ha destacado.
En una alusión velada al giro independentista de CDC en esta última década, ha comentado que el partido fue "consciente" estos años de "hasta qué punto se había expuesto" a las acusaciones por irregularidades y "había dado excusas para ser atacada".
Finalmente, "tomó una decisión, que fue disolverse como partido y desaparecer" y refundarse como PDeCAT, por lo que "CDC, a diferencia de muchos otros, ha pagado un precio muy alto". "¿Qué responsabilidades políticas puede haber más, cuando el propio partido ha desaparecido?", se ha preguntado.
Sobre la sentencia, ha reconocido que no la esperaba "con esta dureza, en absoluto", pero ha puntualizado que no es la "sentencia definitiva" porque "los abogados dejan claro que hay que recurrir" al Tribunal Supremo.
Según Mas, al PDeCAT la sentencia "no le perjudica económicamente, porque la desvinculación económica entre un partido y otro es absoluta". "CDC existe sólo como entidad jurídica, no como partido. Por eso, si finalmente se resuelve que hay alguna responsabilidad económica por parte del partido, el patrimonio de CDC ha de servir para devolver hasta el último céntimo de euro", ha asegurado.
Además, ha eludido toda responsabilidad directa en las conexiones entre el partido y Fèlix Millet, que según ha recordado se remontan a la época de Jordi Pujol: "Toda la relación entre CDC y el Palau se construyó en los años 90 y las personas que la construyeron no son ni Daniel Osàcar ni yo".
Mas ha subrayado que sigue pensando que "Osàcar es una persona honorable", que "no se ha metido nunca ni un solo euro en el bolsillo a nivel personal" y por ello defenderá su "honorabilidad hasta el final".
COLAU PIDE RESPONSABILIDADES Y EXPLICACIONES
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este lunes a dirigentes del PDeCAT explicaciones sobre la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música, entre los que ha citado al expresidente del partido y de la Generalitat, Artur Mas; el presidente del Govern cesado, Carles Puigdemont, y los consellers cesados Jordi Turull y Josep Rull. Colau ha dicho que máximos representantes de CDC y ahora del PDeCAT deben decir qué sabían exactamente y "considerar apartarse de la función pública" y de los cargos que ocupan o a los que aspiran, porque la ciudadanía necesita instituciones transparentes sin sombras de sospecha.
Junto al teniente de alcalde Jaume Asens ha aseverado que los dirigentes de CDC ahora en el PDeCAT y en primera línea política --que han negado además el caso-- deben disculparse ante la ciudadanía porque el partido estafó, engañó y robó, presentándose a elecciones que ganó "haciendo trampas", financiándose con una trama corrupta, en sus palabras.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que ve "simbólico en Cataluña" poner de manifiesto que la "ley se cumple siempre", mientras el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha asegurado que Convergència era una "organización delictiva" cuyo fin era "saquear" a los catalanes.
