Armengol solicita declarar por escrito ante el Supremo en el juicio contra Ábalos y Koldo
Armengol y Torres tendrán que responder a preguntas en relación a los contratos adjudicados por los gobiernos balear y canario que en 2020 presidían
La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha solicitado declarar por escrito en el juicio por el 'caso mascarillas' que comenzará el 7 de abril en el Tribunal Supremo. También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hizo similar petición.
Ambos están citados a comparecer como testigos el 22 de abril en la vista que se desarrollará en el Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y al presunto consegidor y empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
En sus respetivos escritos se amparan en la exención de declarar de manera presencial prevista por la ley para presidentes autonómicos, miembros del Gobierno y de altas instituciones del Estado. Hacen referencia a los artículos 412.2º y 703 de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) para acogerse a la posibilidad de testificar "a través del procedimiento escrito" mediante la remisión "del oportuno pliego de preguntas, que será contestado por escrito y remitido" al alto tribunal "en la forma legalmente prevista".
Armengol y Torres tendrán que responder a preguntas en relación a los contratos adjudicados por los gobiernos balear y canario que en 2020 presidían, para la adquisición de mascarillas al comienzo de la pandemia en favor de Soluciones de Gestión, la empresa presuntamente implicada en la 'trama Koldo'.
Las primeras contrataciones con la empresa se realizaron a través del Ministerio de Transportes que entonces dirigía Ábalos. Compraron suministros sanitarios a través de Puertos del Estado y de Adif por casi 33 millones de euros. Esas contrataciones fueron seguidas por otras desde los gobiernos de Canarias y Baleares. En total, los contratos suscritos supusieron un montante de 53 millones de euros.
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